“Míralo ve, por eso es que los matan”, dijo el conductor a los tres pasajeros —dos hombres y una mujer— de la ruta 412 del SIVA al detenerse en la señal de PARE. Mientras tanto, a solo dos cuadras, caminaban de la mano dos jóvenes vestidos con el arcoíris que identifica a la población sexualmente diversa el 30 de junio del 2024, Día de la Marcha por el Orgullo. Este comentario refleja un intento de buscar aprobación para justificar cualquier tipo de violencia contra todo lo diferente a nuestro propio sistema de creencias.
En esencia, es una manifestación de una herencia de violencia que se intensificó en los años 2000, arraigándose en un sistema de valores y conductas que ha dejado profundas secuelas en la sociedad vallenata.
En este contexto, en septiembre de 2023 se inauguró el Macrocaso 11 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia. Este caso tiene como objetivo investigar los patrones y hechos relacionados con la violencia ejercida sobre mujeres, niñas y personas de la población LGBTIQ desde 1957 hasta 2016. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), se han documentado 3,641 delitos contra mujeres, 319 contra hombres y 14 contra personas LGBTIQ en relación con la integridad y libertad sexual en los departamentos del Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira.
La JEP ha destacado que estos actos no son incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático que refleja relaciones dominantes de género en el contexto del conflicto armado colombiano. La violencia sexual fue utilizada como arma de guerra, lo que subraya la necesidad urgente de abordar estas violencias como un problema estructural que afecta a toda la sociedad, aún en la actualidad.
Beatriz Mejía Vizcaíno, asesora jurídica de Caribe Afirmativo y víctima de violencia sistemática en el Cesar, compartió su percepción con EL PILÓN sobre los avances en un año desde su apertura.
La violencia basada en género en el Cesar
Mejía explica: “Tengo entendido que el Macrocaso 11 apenas pudo reiniciarse en septiembre del año pasado debido a una acción de tutela. Sin embargo, actualmente se están llevando a cabo jornadas de acreditación en todo el país, un proceso que consta de varias etapas y que aún tiene mucho camino por recorrer”.
Las Violencias Basadas en Género (VBG), en el contexto del conflicto armado, afectan a toda la población de mujeres en el Cesar. Como relata el Informe 11 del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): “En la masacre de Santa Cecilia, corregimiento del municipio de Astrea, Cesar, ocurrida el 28 de enero de 2000, se registró violencia sexual contra mujeres, incluidas niñas, muchas de las cuales fueron asesinadas”. Este evento mostró cómo la violencia sexual fue utilizada como herramienta de terror y control.
En relación con las VBG en el Cesar, existe un subregistro que abarca la desaparición de mujeres que actuaban como voceras comunitarias, con el fin de “quebrantar liderazgos, afectar la influencia pública y difundir temor desde arriba hacia las bases comunitarias”, señala el Informe #11 del CNMH. Este documento también destaca que durante los años de recrudecimiento de la violencia por parte de todos los actores armados, se justificaban las acciones contra aquellas consideradas “infieles”, “chismosas” o cualquier forma de rebeldía contra las normas impuestas.
La asesora jurídica enfatiza: “Es fundamental sensibilizar a las organizaciones de mujeres sobre su importancia para garantizar la verdad y la no repetición. No significa que no haya mujeres acreditadas en el Cesar; simplemente, ¡apenas están siendo escuchadas!”.
Mejía añade: “Lo anormal es que no se haya avanzado en la implementación del acuerdo de paz desde su firma. Si los gobiernos anteriores hubiesen financiado adecuadamente el Sistema Integral de Justicia Transicional, se habrían logrado resultados significativos en estos tiempos”.
Macrocaso 11 de la JEP hoy
Entre las organizaciones que conforman la Alianza de Género para Litigio ante la JEP, que presentan informes sobre este macrocaso en Valledupar, está Caribe Afirmativo y Colectiva Justicia Mujer, quienes alertaron sobre la ausencia de avances como forma de vulneración a los derechos de Justicia, la Verdad y la Reparación de las mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas que sufrieron violencias diferenciadas en el marco del conflicto armado.
Hasta el momento no hay acreditaciones de víctimas, hay identificados victimarios, entre esos el “Informe V: Entre silencios y palabras” creado por Caribe Afirmativo que no han sido convocados al proceso, así como las audiencias de versiones voluntarias no han iniciado.
Cabe resaltar que la JEP recibió más de 80 informes sobre este tipo de violencias con actores plenamente caracterizados e identificados, así como cerca de 35178 víctimas de violencia sexual en el país en el contexto de guerra.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN