El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio sentenció al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a 18 años de prisión tras haberlo declarado culpable de delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, vinculados con la constructora brasileña Odebrecht. Los jueces venezolanos acordaron que deberá cumplir la pena en la prisión de Ramo Verde, Venezuela.
Según el diario venezolano Efecto Cocuyo, el fallo aprobado por los magistrados en la ciudad de Bogotá, Colombia, establece que:
1.- Por el delito de corrupción propia Nicolás Maduro deberá pagar una multa de 25 millones de dólares.
2.-Por el delito de legitimación de capitales deberá resarcir a la República 35 mil millones de dólares.
3.- Se declara su inhabilitación política por el tiempo que dure la pena.
4.- Se insta al Ministerio Público a realizar las investigaciones de los contralores de la República que se desempeñaron en el cargo desde 2011 y que puedan estar implicados en los delitos imputados al mandatario venezolano.
5.- Se insta al Ministerio Público a realizar investigaciones contra personas naturales y jurídicas que puedan estar vinculadas en la comisión de los hechos punibles determinados en el fallo.
6.- Se ratifica a los ministerios públicos y sistemas judiciales que, con base a las pruebas presentadas, se activen los mecanismos de justicia internacional transnacionales para ejercer las acciones que ella permita.
7.- Se acuerda librar nueva orden de captura a Interpol esta vez con motivo de una sentencia de privativa de libertad sentenciada por este tribunal.
8.- Se ratifica el vacío institucional que existe en el Poder Ejecutivo en Venezuela.
9.- Se ordena notificar a organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el Mercosur, la Comunidad Andina, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento “porque Maduro está detentando ilegalmente la presidencia de Venezuela y, en consecuencia, los contratos que suscriba no serán legítimos”.
Por otro lado, el diario Voa Noticia señala que el juicio no tiene transcendencia legal puesto que esos jueces no son reconocidos por las autoridades de Venezuela. Estima que la sentencia se enmarca en una estrategia política opositora que, según sus promotores, apunta a poner en conocimiento de los venezolanos y la comunidad internacional los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.
Según el mismo diario, el fallo leído por el juez ponente, Rommel Gil, señaló que no se trata de un juicio político. “Este es un juicio legítimo” y ordena librar orden de captura internacional contra Maduro.
Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de Venezuela depuesta de su cargo el año pasado tras romper con el gobierno de Maduro, acusó al mandatario de pedirle a Odebrecht cincuenta millones de dólares para su campaña presidencial en el 2013. Por su parte, suministro a los jueces en el exilio una serie de documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora, que implican a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.
Según Ortega, a cambio de los 35 millones de dólares que finalmente recibió, Maduro le prometió a Odebrecht contratos para obras públicas en Venezuela, así como ayuda para gestionar pagos atrasados de decenas de millones de dólares.
El tribunal en el exilio está integrado por abogados que huyeron de Venezuela el año pasado luego de que la Asamblea Nacional de mayoría opositora los nominara al Tribunal Supremo de ese país. Maduro los acusó de traición y podrían ser encarcelados si regresan. Se reúnen simultáneamente en Miami y la capital de Colombia.
Recordemos que en Venezuela siguen en funciones el Tribunal Supremo de Justicia, elegido por los aliados políticos de Maduro en 2015, quienes declararon sin efecto el nombramiento de sus sucesores amparados en una sentencia en la que la Sala Electoral de la Corte suspendió en diciembre de ese año a cuatro diputados, tres de ellos opositores, por supuestas irregularidades en su elección. Desde entonces el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato y en consecuencia considera nulos todos sus actos.
Según Voa Noticias, pese a que varios países de la región han permitido que los jueces exiliados realicen actos y conferencias en su territorio, ninguno ha dado su reconocimiento de manera clara y determinante al tribunal. Éste sólo ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, donde su secretario general acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador.