Los tres magistrados que integran el Tribunal Seccional de Vigilancia y Garantías Electorales del Cesar, empezó a despachar en una oficina provisional ubicada en el edificio Portal del Valle de la capital cesarense.
El tribunal lo conforman los magistrados Marcela Cristina Salazar Holguín, Germán Piñeres y Humberto Mariano Vélez Coronado. Este último preside el órgano de control electoral que fue designado por el Consejo Nacional Electoral para vigilar los comicios del próximo 14 de marzo, cuando se escogerá a los miembros del Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes; Parlamento Andino, y en los que además se realizarán las consultas internas de los partidos Conservador y Verde, en la que se escogerán candidatos únicos a la Presidencia de la República, y se votará también por la Consulta Caribe.
De acuerdo con la información conocida, los miembros del tribunal empezaron a recaudar información relacionada con las finanzas de las campañas políticas para hacer control a los topes electorales establecidos por el Consejo Nacional Electoral, los cuales, según denuncias de algunos ciudadanos, ya se han excedido en algunas campañas.
Los tribunales seccionales de vigilancia y garantías electorales fueron constituidos por el Consejo Nacional Electoral a través de la resolución 0009 del 13 de enero de 2010 y ejercerán funciones por espacio de cinco meses.
Una de las principales funciones de los tribunales será la de monitorear y verificar el origen, monto y destino de los ingresos y egresos de las Campañas, así como el cumplimiento de las normas sobre publicidad electoral en los procesos electorales, para lo cual han sido dotados de facultades para, entre otras cosas, exigir a los candidatos informes y reportes periódicos sobre el origen, volumen y destinos de los recursos, en dinero o en especie, con que se está financiado su campaña; exigir a los candidatos informes y reportes periódicos sobre el tipo y cantidad de publicidad de la campaña, así como de los nombres, direcciones y teléfonos de las empresas o personas con quienes se han contratado el diseño, producción, circulación, difusión o instalación de toda la publicidad de la campaña; exigir a los candidatos información sobre la identificación de todas las cuentas bancarias que se utilicen para el manejo de los dineros con que se está financiando la campaña e inspeccionar la contabilidad de las entidades financieras y obtener copias de los movimientos de las cuentas en las que presumiblemente se estén manejando dineros destinados a financiar campañas electorales o el funcionamiento de partidos o movimientos políticos.