A siete familias de los municipios de Curumaní y Chiriguaná, que fueron desplazadas por la violencia paramilitar, deberán aplicarles la restitución de tierra en el departamento del Cesar.
Así lo decidió el Tribunal de Cartagena, el cual también ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluir a los afectados en proyectos productivos, subsidios de vivienda rural, programa de adecuación y asistencia técnica de tierras.
Además, instó a tenerlos en cuenta para acceder a programas del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, para que participen en la oferta, formación, capacitación técnica y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano.
Los campesinos habitaban los predios ubicados en la hacienda Pacho Prieto, pero en el auge de la violencia durante el año 2000, tuvieron que desplazarse para salvaguardar sus vidas de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
A raíz de esto, esas familias tuvieron que acudir a la Ley de Víctima, para retornar a los predios en los que durante años trabajaron.