El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar revocó la providencia mediante la cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar impuso al gobernador, Cristian Moreno Panezo, una sanción consistente en el pago de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por un presunto desacato al no cumplir una acción popular donde se le exigía al Departamento pagar unos excedentes de facturación correspondientes al Hospital ‘Rosario Pumarejo de López’.
En la resolución expedida por el Tribunal y firmada por el presidente José Aponte y el Magistrado Carlos Guecha, se concluyó que no se encontró una actitud reticente, ni caprichosa o negligente por parte del Mandatario Departamental en cumplimiento del fallo aludido; así mismo, señaló que el Juzgado le había violado al gobernante el derecho a la defensa y a la garantía al debido proceso, cuando omitió notificarle la apertura del incidente de desacato que concluyó con la sanción anotada.
Manuel Jerónimo Manjarrés Correa, jefe Asesor de la Oficina Jurídica, manifestó que: “Fue la postura del gobernador Cristian Moreno en defender el patrimonio público y transparencia en lo público lo que llevó a la revocatoria, debido a que poco a poco se esclareció el proceso de acción popular, debido a que existía una especie de concierto de agilizar un pago que no correspondía a la existencia real de unos excedentes de facturas”.
Dijo que el Tribunal acogió la tesis del Gobernador del Cesar en cuanto a que no podía exigírsele la responsabilidad de pagar un servicio que no había sido liquidado y por tanto determinado, dado que la acción popular condicionaba a que el Hospital presentara las facturas desde los años 2003 al 2006 para ser auditadas, y a la fecha no ocurrió.
El principio del incidente de desacato data de una acción popular donde se le exige al Departamento pagar todos los excedentes de facturación desde los años 2003 al 2006, lo que traía consigo el reconocimiento de un incentivo económico del 15 por ciento para el accionante y por lo cual el Juzgado ordenó el pago. Se aspiraba a que la Gobernación pagara 23 mil millones de pesos, correspondiéndole un incentivo al accionante de tres mil millones de pesos.
Para evitar que la acción afectara al Departamento, el gobernador Cristian Moreno presentó en principio una acción de tutela para proteger el patrimonio público y la moralidad de la administración, y dentro del mismo proceso una acción popular; al igual que informó a la Oficina de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y a la Procuraduría General de la Nación, las anomalías presentadas, dentro de una actuación procesal surtida en el año 2006 y fallada el primero de noviembre de 2007, donde brilló por su ausencia la orfandad en la defensa del Departamento del Cesar.