Que se acabe con el esquema de seguridad colectivo para que pase a individual, teniendo en cuenta las amenazas que recientemente han recibido de diversas formas, es la solicitud que hacen los tres jueces de restitución de tierras de Valledupar.
En palabras de Manlio Calderón, juez segundo civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, esta solicitud tiene el debido fundamento, ya que la prensa ha reportado los eventos recientes de inseguridad de los que ha sido víctima, destacando entre ellos el robo de dos computadores en este juzgado, y en los que se encontraban varios procesos.
Entre los hechos más recientes que acrecientan el temor de los jueces está el vivido por Jorge Meza, juez tercero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, hace una semana. El funcionario se encontraba con su esquema de seguridad y fue seguido por un vehículo Sentra color gris que no se alejó en ningún instante, hasta que sus escoltas inquirieron a los ocupantes del carro, que hicieron creer que estaban en estado de embriaguez y que sí seguían a una camioneta, pero se habían equivocado.
Los fundamentos para individualizar el esquema de protección no para. Otra razón la encontró Calderón en la amenaza recibida el pasado 11 de diciembre, “recibí una llamada amenazante al teléfono fijo del juzgado. Decían que me iban a mandar a alguien, a ‘un pajarito’”, relató este juez, que ya puso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por este nuevo hecho que atenta contra su seguridad.
Calderón dijo a EL PILÓN que “la Policía está haciendo revisión permanente porque, inclusive, amenazaron con que iban a incendiar el juzgado, que ya fue objeto de hurto”. Entre tanto, el juez primero civil del Circuito de Restitución de Tierras, Camilo Manrique, relató que hace cuatro meses recibió llamadas extorsivas donde le pedían una colaboración (sin especificar cuantía) para la compra de medicamentos que serían destinados a grupos al margen de la ley que, a juicio de este funcionario, se trata de bandas criminales.
“El esquema colectivo de seguridad puesto por la Unidad Nacional de Protección (UNP) deja muchos baches para que se exponga nuestra seguridad. Mientras uno se está moviendo en un vehículo para una inspección, el otro queda descubierto en Valledupar”, precisó Manlio Calderón.
Al realizar las inspecciones en terreno, estos jueces manifiestan ser escoltados tanto por la Policía como por el Ejército en algunas ocasiones, sin embargo consideran que están manejando casos delicados de restitución que ameritan una mayor protección por parte de la UNP. “Estamos trabajando con mucho temor, eso incide en la justicia transicional. No sucede lo mismo con los directores regional de la Unidad de Restitución de Tierras, porque ellos tienen esquema de seguridad individual”, reafirmó.
Cada juzgado de restitución de tierras en Valledupar, maneja un promedio de 30 expedientes. En el caso del juzgado segundo, se tienen 35 expedientes que contienen más de 200 solicitudes físicas de restitución de tierras y cada una de ellas puede tener múltiples solicitantes. De éstas, una ya está a la espera de falla, 10 se encuentran en periodo probatorio y el resto en estudio de admisiones.
Debido al hostigamiento que recibieron empleados de la Unidad de Restitución de Tierras en el predio Carrizal, jurisdicción de Pelaya, el juez Camilo Manrique inspeccionó la zona y descubrió dos panfletos alusivos al ELN. En ese municipio se encuentran tres predios en proceso judicial.
Por último, los jueces recordaron el estudio de seguridad hecho por la Usaid, en el que se dictamina que el Edificio Leslie, donde actualmente funcionan las estos tres juzgados, no cumple con los requisitos de seguridad necesarios para la labor que desde allí se realiza.
En la actualidad una solicitud de predio se encuentra a la espera de fallo, 10 más están en periodo probatorio y un poco menos de 200 en estudio de admisión.
Por Jennifer Del Río Coronell
jenniferdelrio@gmail.com