Por una supuesta indebida participación en política en el Cesar y ocho sectoriales más del país, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
El proceso, según el Ministerio Público, surgió luego de la indagación preliminar que inició debido a presuntas irregularidades en la contratación de la entidad. También informó que impulsaron copias para realizar investigación disciplinaria a seis congresistas.
La pesquisa se abrió luego de una serie de visitas, pruebas y testimonios en 12 regionales del Sena en Antioquia, Caldas, Putumayo, Nariño, Santander, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Magdalena, Cundinamarca, Atlántico, Meta, así como a nivel central de la institución.
Por estos hechos fueron vinculados los siguientes funcionarios: Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera (exsubdirector regional Putumayo), Orlando Fabián Saavedra Zuleta (director regional Cesar), Carlos Rafael Mero Freile (subdirector centro de operación y mantenimiento minero Cesar), Eduardo Oliver Mena (subdirector centro biotecnológico Cesar), Elkin Mauricio Ávila Osorio (subdirector centro de comercio y servicios y centro para la formación cafetera regional Caldas), Braulio Suárez Ortega (subdirector del complejo tecnológico para la gestión empresarial Caucasia, regional Antioquia), Pedro Pablo Bastidas Molina (subdirector centro internacional de producción limpia, regional Nariño) y Demis Cristal Barrera Cótamo (subdirectora centros de formación, regional Norte de Santander).
De igual manera, el director general del Sena, José Antonio Lizarazo Sarmiento, está dentro de los investigados “por el encargo de un asesor de la Dirección General como director regional del Sena Santander, el 29 de diciembre de 2017, sin que presuntamente cumpliera los requisitos para el cargo”.
Los congresistas cuya conducta será evaluada son Argenis Velásquez, representante a la Cámara por Putumayo; Liliana Benavides, representante a la Cámara por Nariño; Julián Bedoya, representante a la Cámara por Antioquia; Hernán Penagos, representante a la Cámara por Caldas; y los senadores Myriam Paredes y Manuel Guillermo Mora.
En las indagaciones preliminares, el Grupo Élite Anticorrupción encontró evidencia de que la contratación por prestación de servicios personales en el Sena superó los 32.000 contratos, “antes del inicio de la restricción de contratación directa, por vigencia de la ley de garantías electorales”.
El procurador Fernando Carrillo se refirió al hecho como una presunta nómina paralela, que se habría creado con fines electorales.
Pronunciamiento nacional
Los funcionarios del Sena en el Cesar, señalados en la investigación de la Procuraduría, no se pronunciaron por estos hechos, sin embargo la dirección general emitió un comunicado.
En el documento indican que han dado instrucciones a todas las regionales para brindar la colaboración e información necesarias a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de esclarecer los hechos y aplicar, con todo el rigor de la ley, las sanciones a que haya lugar para los funcionarios que se encuentren responsables de alguna irregularidad en la contratación.
Anunciaron la correspondiente investigación ante las denuncias sobre posibles irregularidades en algunas regionales, y enviaron, de inmediato, comisiones integradas por profesionales de la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina de Control Interno de Gestión, así como de la Dirección Jurídica, para realizar las diligencias correspondientes.
“Es preciso informar que cada una de las 33 regionales y los 117 centros de formación, son autónomos en la contratación del personal para la prestación de servicios, de acuerdo con las necesidades de atención a la ciudadanía. Los directores regionales y los subdirectores de cada centro de formación tienen la discrecionalidad y responsabilidad de dicha contratación, cumpliendo con las exigencias de idoneidad de cada aspirante”, se lee en el comunicado.
Y sobre la presunta nómina paralela por la ampliación en 3.000 cargos, según decreto 552 de 2017, “se están adelantando rigurosos procesos de selección meritocráticos, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)”.
Por Carlos Mario Jiménez
Carlos.jimenez@elpilon.com.co