El coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha, excomandante de la Sección Segunda de Inteligencia del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa, será el tercer oficial que enfrentará juicio por no reconocer su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe.
Así quedó establecido luego de que el oficial no aceptara los cargos por crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y crimen de guerra de homicidio.
El oficial anteriormente había tramitado una solicitud de nulidad al considerar que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no tenía competencia para obligarlo a comparecer porque prefería quedarse en la jurisdicción penal ordinaria. Alegó, también que, una vez dicha jurisdicción resolviera la acción de revisión de una de las condenas en su contra, decidiría si se acogía o no a la jurisdicción especial. La JEP negó las pretensiones.
La sala consideró “que la JEP tiene competencia prevalente y preferente respecto de los miembros de la fuerza pública que están involucrados, dentro del conflicto armado, en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario como es el caso de Ruiz Mahecha, según se determinó en el auto 128 del 7 de julio de 2021. Además, el sometimiento de los integrantes de la fuerza pública es obligatorio y no voluntario”.
Asimismo, determinó remitir el proceso del uniformado a la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, que cumple funciones iguales a la Fiscalía, para que lo lleve a juicio. De ser vencido en juicio podría ser condenado hasta con 20 años de cárcel.
A Ruiz Mahecha lo señalan de participar en la desaparición forzada y asesinato de 127 personas que presentaron como resultados operacionales legítimos, entre enero de 2002 y julio de 2005.
Con Ruiz ya son tres los oficiales de alto rango que irán a juicio por los hechos. Los otros dos son los también coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez.
Hasta ahora son 21 integrantes del Ejército y un civil, de 26 imputados, que sí han reconocido su responsabilidad por los falsos positivos cometidos en la región Caribe y en Norte de Santander.