La polémica nacional entre el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro por el no pago de subsidios de energía ha escalado, generando preocupación en el departamento del Cesar, especialmente por las repercusiones en la empresa Afinia. Ante estos hechos, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar admitió una Acción Popular interpuesta en favor de la filiar de EPM, con el objetivo de obligar al Gobierno Nacional a cancelar una deuda que asciende a los 2.5 billones de pesos.
El 10 de marzo, Gutiérrez anunció en X que “La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales”. El alcalde destacó que, tras varios intentos fallidos de diálogo con el gobierno, se vio obligado a recurrir a la justicia, donde se ha logrado un fallo favorable en relación con la deuda que el gobierno tiene con Centrales Eléctricas de Norte de Santander-EPM. También se han presentado demandas por las deudas con Afinia y otros filiales de EPM.
Contexto
Previamente, el Grupo EPM había enviado una carta al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, el 1 de febrero, expresando su preocupación por el riesgo de interrupciones en el servicio eléctrico en diversas regiones del país debido a los impagos del Gobierno Nacional. EPM ha señalado que el abono del 7.4% realizado por el Ministerio de Hacienda a finales de enero es insuficiente para cubrir los subsidios necesarios para los estratos más bajos.
Leer: EPM alerta: Cesar podría enfrentar apagón por deudas del Gobierno con Afinia
Gutiérrez criticó abiertamente al Gobierno Nacional por su incumplimiento en el pago de estos subsidios, lo que pone en peligro la estabilidad financiera de las empresas proveedoras de energía, incluyendo EPM. Este último ha interpuesto una demanda contra el Gobierno por una deuda que asciende a 1.3 billones de pesos, obteniendo un fallo que ordena su pago.
El presidente Petro respondió a esta acción legal en el consejo de ministros transmitido el 10 de marzo, calificándola como “politiquería” y un intento de sabotaje a la financiación del gobierno. “EPM, que es una empresa pública, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. Esa es una acción política que no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir, el Presidente tiene la función constitucional de control y vigilancia de los servicios públicos de Colombia, no se pasa por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del Presidente”, escribió el presidente en su cuenta de X. Gutiérrez por su parte, advirtió sobre un posible apagón nacional si el Gobierno continúa sin cumplir con sus obligaciones hacia las 27 empresas energéticas del país.
Mientras tanto el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma respondió también su cuenta de X: “Si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos. Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos. Que no se han traducido en buen servicio, por ejemplo, a los 4 departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía”.
En este contexto, Gutiérrez hizo un llamado al presidente Petro para que respete las decisiones judiciales y cumpla con la ley que establece la obligación del Gobierno de pagar el 80% de los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3. “Ellos saben que tienen que cumplir con la ley. Y el presidente desconoce la Constitución y la justicia”, concluyó el alcalde de Medellín en Caracol Noticias. Gutiérrez advirtió sobre el riesgo inminente de un posible apagón a nivel nacional si el Gobierno persiste en su incumplimiento con las 27 empresas de energía en el país.
Leer: Dos alcaldías del Cesar, entre los mayores deudores de Afinia en la Costa
Admiten acción popular en favor de Afinia en Valledupar
Ricardo Arango, gerente general de Afinia, ha lanzado una alerta roja sobre el riesgo inminente de un apagón si el Gobierno Nacional no cumple con el pago de la deuda que mantiene con la empresa, la cual asciende a la alarmante cifra de 2.5 billones de pesos. Según Arango, esta deuda corresponde a los subsidios destinados a los estratos más bajos de la población.
Sin estos recursos, Afinia no puede garantizar la compra de energía suficiente para abastecer la región, lo que aumenta drásticamente el riesgo de racionamientos y cortes prolongados del servicio. “El apagón en la región Caribe es una realidad si el Gobierno nacional no paga su deuda por subsidios a nuestra empresa”, sentenció Arango.
Ante el riesgo inminente de apagón, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar admitió una Acción Popular interpuesta en favor de Afinia, que busca obligar al Gobierno Nacional a cancelar una deuda que asciende a los 2.5 billones de pesos, correspondientes a subsidios de energía para los estratos más vulnerables.
Esta Acción Popular por parte del Juzgado de Valledupar respalda las demandas de Afinia y de los usuarios del Cesar. A través de esta acción legal, se busca proteger los derechos colectivos de los usuarios a un servicio público eficiente y asequible, así como evitar un posible apagón que tendría graves consecuencias económicas y sociales para la región.
Próximos pasos
La admisión de la Acción Popular implica que el Gobierno Nacional deberá responder ante el juzgado y presentar sus argumentos para justificar el incumplimiento en el pago de la deuda. El juzgado evaluará los argumentos de ambas partes y emitirá una decisión que podría obligar al Gobierno a cancelar la deuda y garantizar el suministro eléctrico en el Cesar.
Por: Redacción EL PILÓN