Por un detrimento patrimonial de $2.914 millones, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en contra del senador electo, Didier Lobo Chinchilla, por los elevados sobrecostos en un contrato de alimentación escolar en diciembre de 2012, cuando era alcalde de La Jagua de Ibirico, el cual fue suscrito con la firma Unión Temporal Servicios Nutricionales y financiado con recursos de regalías.
Por este mismo hecho, también se le imputó responsabilidad fiscal a la secretaria de Salud Municipal de la época, Cenith Echavez Ospino, y los integrantes de la empresa contratista: la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS, Industrias Alimentos y Cathering Catalinsa S.A.S., y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.
De igual manera, se profirió imputación en cuantía de $1.462 millones en contra de la exfuncionaria, por defectos de calidad de los productos adquiridos, ya que ella era la supervisora del contrato, así como a la firma contratista y los socios del interventor. Así las cosas, la cuantía total de la imputación asciende a $4.377 millones.
De acuerdo con el ente de control, las irregularidades que dieron lugar al proceso, fueron determinadas inicialmente en una auditoría realizada por la Contraloría, donde se revisó la ejecución de un contrato del 3 de diciembre de 2012, que suscribió el municipio de La Jagua de Ibirico con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de $15.295 millones.
El objeto era el suministro, durante 18 meses, de paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de desnutrición, y de madres gestantes o lactantes, en este municipio.
La auditoría reveló que los sobrecostos en la ejecución del contrato se dieron como consecuencia de que el municipio de La Jagua de Ibirico realizó un estudio de mercado deficiente, que no tuvo en cuenta los valores de agentes del mercado como pequeños intermediarios y graneros, lo que llevó a pagar más por productos como: harina de maíz, lenteja, fríjol rojo, espagueti, fideos, arroz blanco, aceite vegetal, alimento infantil fortificado, leche entera, atún, avena instantánea y en hojuelas, suplemento multivitamínico, complemento de panadería, azúcar, malteada instantánea, chocolate y sal.
Así mismo, la auditoría reveló que se entregaron productos de mala calidad, lo cual no fue advertido por el contratista, ni por el interventor o supervisor y llevaron a generar un daño al patrimonio del Estado.
EL PILÓN se comunicó con el hoy senador del partido Cambio Radical, Didier Lobo Chinchía, quien aseguró que no había sido notificado de la decisión del ente. Sin embargo aseguró que una vez conocida la información apelará a otras instancias, y aclaró que eso no afecta en nada su posesión como congresista. “No tengo claridad de la imputación, pero ese proceso no tenía dolo, si no culpa y hay otras instancias a las que acudiremos para que nos validen y acepten las pruebas. Una cosa es el fallo y otra la imputación. Iremos a presentar el recurso jurídico necesario para entrar a desvirtuar”, acotó.
El senador Lobo Chinchilla aseguró que se le está violando el debido proceso, según le manifestaron sus abogados y anunció que solicitarán la nulidad.
ANDREINA BANDERA MARTÍNEZ / EL PILÓN
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