Para el 26 de este mes, fue aplazada la audiencia pública a siete concejales del municipio de Chiriguaná, a los cuales la Procuraduría Provincial investiga; porque, al parecer, limitaron las funciones del alcalde de esa población, Gustavo Aroca Dagil, al otorgarle solo 15 días para que éste suscribiera contratos y convenios.
Los investigados por el Ministerio Público son: José Arnovis Porras, Óscar Alberto Garrido, Marcelino Moreno, John Jairo Meza (no asistió), Walter García, Juan Miguel Ulloa y Yamil Yepes, quienes se presentaron este lunes a la Procuraduría y pidieron aplazar la diligencia, a fin de buscar un abogado que los asesore y a la vez conocer del proceso.
Según la Procuraduría, presuntamente se habría desconocido lo señalado por la Constitución Política y los principios y etapas del Estatuto de Contratación, “por cuanto en el término señalado al mandatario le era imposible cumplir con su gestión administrativa”.
El Ministerio Público calificó de manera provisional la falta como grave, cometida a título de culpa gravísima.
Ante esto, el concejal Walter García dijo que pidieron a la Procuraduría aplazar la diligencia, porque les informaron casi que a última hora y necesitan buscar un abogado que los asesore.
De igual modo, explicó que se mantienen en que actuaron conforme a la ley, debido a que para la época de los hechos, el Concejo venía iniciando labores “y como lo acaba de decir el Procurador cuando leía el acta, ahí no había reglamentación de las facultades, las facultades las acaba de reglamentar el Concejo actual, cuando nosotros estábamos llegando no había reglamentación y lo que se busca, cuando el Alcalde pide facultades y el Concejo las otorga, es el beneficio de las comunidades, porque aquí miramos es el beneficio de la comunidad, aquí nadie busca beneficio personal”.
El Concejal criticó que los entes de control no se hayan manifestado con la denuncia que tiene el mandatario de los chiriguaneros por parapolítica, “pedimos al Procurador también desarrollen la investigación por parapolítica y que le debe al país tanto derramamiento de sangre y no es justo que son procesos que vienen con anterioridad y no se pronuncien”.
También explicó que cuando el alcalde llegó a ese cargo, tenían desconfianza en él, porque venía de la Asamblea con una investigación por peculado.
El Concejal aseguró que la Procuraduría también debe analizar porque en 2012 el mandatario no desarrolló ningún proyecto, pese a que después le dieron seis meses para contratar y no se presentó ningún desarrollo.
En la sesión de este lunes, los concejales pidieron copia del proceso para revisarlo y ejercer su derecho a la defensa.
Por Redacción/ EL PILÓN