Ejerciendo nuevamente su cargo como presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, el cesarense Naimen Martínez Pérez le contó a EL PILÓN los pormenores de la recuperación de su libertad.
Martínez Pérez, oriundo de El Paso, Cesar, es el primer cesarense que en muchos años asume un cargo tan alto en la acción comunal del país. Según sus palabras, su labor ha sido descentralizar la entidad que se rige por principios de integración comunitaria, cosa a la que espera sacarle provecho en las próximas elecciones.
Sin embargo, fue capturado por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación el pasado 4 de febrero cuando transitaba por la Plaza Alfonso López. Lo vinculaban a la investigación de delitos contra la administración pública.
El pasado 10 de julio recuperó su libertad por orden de un juez del circuito de Bucaramanga, ciudad en la que estaba recluido y desde entonces ha venido retomando sus funciones en la Confederación, a la que podría aspirar nuevamente en noviembre próximo.
¿Por qué fue privado de su libertad y en qué condiciones la recuperó?
Tú sabes que se apropiaron unos recursos de un convenio firmado por la Confederación Nacional de Acción en el año 2009, se apropiaron 94 millones de pesos y se los apropió la persona a la que yo le firmé un poder bajo el concepto de la buena fe, confiando en que esa persona haría un proceso transparente. Entonces, me tocó a mí reintegrar, con intereses, 114 millones de pesos; la aseguradora aportó 75 millones y a mí me toco más de 41 millones de pesos. Basado en eso, el fiscal y el juez determinaron que yo estaba colaborando con la justicia, hicieron ruptura de la unidad procesal, me desvincularon del proceso y siguen imputados en un juicio el presidente de la Federación Comunal de Santander, Gustavo Herrera, preso en la Modelo y dos funcionarios del gobierno de Horacio Serpa Uribe.
¿Usted fue señalado de coautor?
Eso quisieron, pero se estaban sindicando delitos contra la administración pública, pero yo no soy funcionario público, me colocaron según dice el artículo 30 del Código Penal, es decir como interviniente. Después como cómplice, y la situación fue menguando, finalmente se determinó que lo que más podía endilgarme a mí era una culpabilidad por firmar un poder.
¿Por qué reintegró los 41 millones de pesos?
Tuve que aportar los 41 millones que solidariamente tenían que hacerlo los cuatro vinculados al proceso, los dos funcionarios; Laura Cristina Gómez Ocampo, secretaria de Educación de Santander, Diego Fernando Mendoza, supervisor del contrato en 2009, el director de InderSantander, Gustavo Herrera, quien que me involucró y yo. Ellos no quisieron, se valieron de mi situación y me tocó hipotecar la casa para poder salir libre.
¿Cuál era la intención con este controversial contrato?
Yo generé una política pública en la Acción Comunal de hacer juegos nacionales comunales y recreativos para que las comunidades generaran integración a través de la convivencia, entonces en 2009 hicimos estos juegos. Como la Federación de Santander no cumplía con la idoneidad me llamó a mí para que en nombre de la Confederación firmáramos un contrato con la Gobernación de Santander. El presidente de la Federación me dijo que podía firmarle un poder para ejecutar esos recursos y yo de forma solidaria le mando el poder autenticado y vamos a ver que él fue el que firmó el contrato, o sea que en el expediente solamente está el poder que yo le mandé; yo no manejé recursos, pero como yo fue el que firmé me involucraron en la situación.
¿Qué viene para Naimen Martínez después de esta experiencia en prisión?
La cárcel me enseñó algo muy importante: no se puede tener confianza extrema en personas que no conozco. Segundo, descubrí a los verdaderos amigos. Tercero, salí fortalecido en Dios, en muchas situaciones. ¿Qué viene para mí? Seguir hacia adelante un proceso que ha sido el mejor en la Acción Comunal del país. Si nos ponemos a rendir un informe de lo que ha hecho Naimen Martínez en la Confederación nunca antes la Acción Comunal había ganado tantos espacios. También hago parte del Consejo Nacional de Paz y hago parte del Consejo Nacional de la Participación Ciudadana.
Demasiada confianza ¿Por qué le dio un poder a alguien que no conocía?
Porque era el presidente de la Federación de Acción Comunal. Si no confío en mis representantes departamentales, ¿en quién voy a confiar?
¿Pidieron su cabeza en una asamblea de la Confederación en Girardot?
Se reunieron sin mí porque estaba privado de la libertad y allí algunos pidieron la cabeza mía, pero el 80% terminó respaldándome para que siguiera siendo el presidente y aquí sigo.
¿Quiénes eligen al presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal?
Elegido por 350 delegados de las 35 federaciones comunales que hay en Colombia, que representan las 70 mil Juntas de Acción Comunal. En noviembre se elige el presidente nacional nuevamente, el 31 de julio vuelven las reuniones de asociaciones y en septiembre la elección de las federaciones. Ya sabemos cómo será el panorama de la Confederación, de la cual tendré las mayorías, si no soy yo, apoyaré a quien de seguro será presidente.
¿A pesar de que sale desvinculado de la investigación, no cree que es difícil recuperar la confianza?
La reflexión es no solo demostrar a los adversarios que soy inocente, sino que se demuestre con hechos, se recomponga el camino de la Acción Comunal en el Cesar y en el país, que las comunidades recuperen la confianza, que los lideres no lo seamos de estómago, en corrupción, sin perder los principios que rigen a la Acción Comunal.
“Firmé un poder para contratar porque lo pidió el presidente de la Federación de Acción Comunal. Si no confío en mis representantes departamentales, ¿en quién voy a confiar? Pero los 5 meses y tres días que estuve recluido en el bunker de la Fiscalía es precisamente no ser extremista en el sentido de la confianza”: Naimen Martínez Pérez.
El pasado 4 de febrero de 2016, miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a Naimen Martínez Pérez mientras caminaba por la Plaza Alfonso López de Valledupar, señalado de ser responsable de delitos contra la administración pública.
Andrés Llamas Nova / EL PILÓN