En el último mes del 2021 se dieron las elecciones de los contralores municipales y departamentales para el periodo 2022 – 2025, en los que fueron elegidos, por Valledupar, Angélica María Olarte Becerra y, por el Cesar, Juan Francisco Villazón Tafur.
Dichas elecciones han puesto en la palestra pública el papel que jugarían estos entes en la vigilancia de los recursos, puesto que, en ambos casos, mucho se ha insinuado por las cercanías que los funcionarios mantienen con los administradores de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar.
CONTRALORÍA DE VALLEDUPAR
En cuanto al nombramiento de Olarte Becerra, algunos actores de la sociedad municipal cuestionaron la manera cómo se dio el proceso, puesto que el concurso tuvo irregularidades hasta el punto que la Universidad del Atlántico, encargada de la convocatoria, debió practicar nuevamente la prueba de conocimiento porque algunos aspirantes denunciaron alteraciones en las reglas del proceso.
Lo que llevó a que las directivas del Concejo de Valledupar solicitaron a la institución la repetición del examen, debido a que dentro de los parámetros establecidos en el artículo 21 de la Resolución 041 de 2021 se anunciaba que la prueba debía contar con 50 preguntas y la primera aplicación contó con 100.
En igual medida, algunos aspirantes señalaron que el proceso estaba siendo manipulado puesto que las cuatro personas que obtuvieron los mayores puntajes en las dos pruebas consiguieron por algún medio las respuestas de los cuadernillos de preguntas. Asimismo, indicaron que los puntajes en ambas evaluaciones se repitieron, por lo que se apuntó el hecho como una vulneración de la transparencia del proceso.
Además, a la electa contralora se le ha señalado de ser cercana a las casas gobernantes del municipio y el departamento.
EL ‘COMPADRE’ DE LOS GNECCO
La última noticia, en cuanto al ámbito político, que dejó el 2021 fue la elección de Juan Villazón Tafur como nuevo contralor departamental.
Nombramiento duramente discutido por la innegable cercanía que ha sostenido Villazón con los integrantes de la familia Gnecco y el irrestricto apoyo mostrado en sus redes sociales a Luis Alberto Monsalvo Gnecco por el proceso legal que hoy en día lo tiene aislado de su cargo.
Situación que hace discutida la función que se puede llevar a cabo, desde la Contraloría, al principal sujeto de vigilancia de la misma, la Gobernación del Cesar. Por lo que muchas personas consideran que el ente se puede constituir más como una ficha política que como una vigilancia independiente.
Como lo afirmó la diputada, Claudia Margarita Zuleta: “La forma cómo se eligen a estos funcionarios es cuestionable, puesto que se elevan en sus cargos por corporaciones político-administrativas, las cuales son fruto de coaliciones construidas alrededor del poder del gobierno en turno”.
UN ANTECEDENTE POCO PROMETEDOR
Una de las administraciones que, sin lugar a dudas, dejó mucho que desear en cuanto a la labor que la Contraloría del Cesar ejercía, fue la del saliente funcionario Delwin Jiménez.
Quien desde el inicio fue duramente criticado por tener un estrecho vínculo con el gobernador suspendido, Luis Monsalvo Gnecco, puesto que es esposo de una prima del mismo, lo que, en su momento, fue señalado como un impedimento moral por parte de los opositores de la elección.
Señalamiento que fue sustentado por algunos integrantes en un debate de control político llevado a cabo en la Asamblea del Cesar, donde se reveló la ineficiencia del contralor mientras vigilaba el actuar de los sujetos de investigación.
Entre los resultados evaluados por la duma se dejó ver que en el año 2020 no se emitió ningún fallo de responsabilidad fiscal, lo que generó la prescripción de una gran cantidad de procesos que contaban con un valor superior a los $7.000 millones.
De igual manera, el recaudo de dinero generado por Jiménez durante los años 2020 y 2021 fue cuestionado por representar solamente $7.531.000 de $8.000 millones posibles.
A su vez, quedó para la vigencia actual 90 procesos con un alto riesgo de prescripción porque la gran mayoría se encuentran en inactividad desde el año 2017, esto porque no se adelantó un plan de descongestión.
Por lo que algunos diputados tildaron la gestión como un fracaso absoluto, ya que significó la pérdida de recursos y esfuerzos en la labor de auditoría para determinar el daño patrimonial, la responsabilidad de los investigados y el resarcimiento de los perjuicios.
POR JHOSER BERMÚDEZ.