A menos de un mes de estar privado de la libertad por aparentemente ser parte de una red de traficantes de cocaína en el departamento de Cesar, Wilmer Alberto Montenegro Oñate, mediante su abogado, pidió la sustitución de la medida de aseguramiento en centro carcelario por su lugar de residencia.
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Así lo dio a conocer el abogado Wilson José Zubiría, en una audiencia celebrada la mañana del miércoles ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar. El jurista alegó que su prohijado Wilmer Montenegro, de 60 años, padece de serios problemas de salud que colocarían en riesgo su vida por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Por eso, pidió que tuvieran en cuenta el Decreto presidencial 546 mediante el cual adoptaron medidas especiales para sustituir en algunos casos la pena de prisión y la detención preventiva en establecimiento penitenciario.
“Mi representado tiene unas patologías que son demostrables con la historia clínica, presenta una sinusitis crónica severa, hipertensión arterial severa y problema de esfínteres. Son patologías afines con la pandemia que estamos viviendo en nuestro país y la defensa reprocha la conducta gravísima en la que se encuentra inmerso mi cliente”, manifestó Zubiría. Aseguró además que el procesado se encuentra en el centro de reclusión del Batallón de Ingenieros sin ninguna medida de bioseguridad.
Al respecto, Rafael Eduardo Martínez, fiscal dos especializado, consideró que no era procedente otorgar la detención domiciliaria ya que el decreto referenciado no cobija a los procesados por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, como es el caso de Wilmer Montenegro. La juez por su parte suspendió la diligencia para analizar los elementos materiales probatorios y dar a conocer la decisión la mañana del jueves.
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Wilmer Alberto Montenegro está privado de la libertad desde inicios del mes de septiembre tras ser capturado junto a cuatro personas más en operativos antidroga en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Según la investigación, él hacía parte de una red que producía cocaína en el corregimiento de San José de Oriente del municipio de La Paz, liderada por Fredy Rincón Franco, quien también está recluido en centro carcelario. La Fiscalía aseguró que la pasta de coca era comprada en los municipios de Hacarí y Teorama, Norte de Santander, para procesarla en una finca.