El impuesto de delineación urbana fue creado mediante Acuerdo 026 del 28 de diciembre de 2012 y se constituye en requisito obligatorio e indispensable para obtener la licencia de construcción por parte de las curadurías. Su liquidación se hace teniendo en cuenta el valor del metro cuadrado según el estrato de ubicación del inmueble, multiplicado por el área a construir.
La auditoría hecha por la Contraloría Municipal a las curadurías, arrojó como resultado hallazgos de tipo administrativo, disciplinarios, fiscales y penales.
La Contraloría tomó como muestra, ocho de las 373 licencias que en promedio se expiden al año en la Curaduría Número de Valledupar, desde que entró en vigencia el acuerdo de 2012. La información indica que se constató por parte del grupo auditor, una evasión en el pago del impuesto por la suma de 306 millones 965 mil pesos, más sus intereses moratorios.
Precisa el ente de control que no existe una clara relación entre el monto cancelado del impuesto de delineación urbana frente al valor que efectivamente debieron haber pagado los usuarios, en virtud de la incorrecta liquidación a cargo de la Secretaría de Hacienda Municipal de Valledupar.
El Contralor Municipal, Álvaro Castilla, informó que luego de liberado el hallazgo fiscal, se adelantará por parte de la entidad, el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal contra los presuntos implicados, a través del trámite verbal conforme al estatuto anticorrupción que permite agilidad y celeridad en procura del resarcimiento del detrimento patrimonial.
Las otras siete licencias revisadas corresponden a la Curaduría Número Dos, que expide un promedio de 463 al año, desde que se aplica el cobro del impuesto de delineación urbana en el municipio de Valledupar.
En esta Curaduría, la Contraloría encontró una evasión por la suma de 227 millones 168 mil pesos, más sus intereses moratorios.
Sostuvo el contralor Álvaro Castilla que en ambos casos la entidad a su cargo insta a la administración municipal a iniciar acciones administrativas, judiciales o a través de los mecanismos de conciliación prejudicial, contra los particulares que se señalen en el informe final, en la proporción que corresponda a cada uno de ellos, con el objeto de buscar el resarcimiento del menoscabo patrimonial que sufrió el municipio. Precisó que la Contraloría carece de competencia legal frente a ellos, pues no son receptores fiscales.
Las otras siete licencias revisadas corresponden a la Curaduría Número Dos, que expide un promedio de 463 al año, desde que se aplica el cobro del impuesto de delineación urbana en el municipio de Valledupar.
Caso Emdupar
La Contraloría Municipal informó además sobre una auditoría realizada por el grupo de reacción inmediata, a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, donde se encontró que la entidad presentó declaraciones tributarias ante la DIAN de manera extemporánea en la vigencia 2015 y principios de 2016, lo que causó intereses moratorios por el orden de los 74 millones 368 mil pesos.
Indica el informe que adicionalmente a ello se le impuso a la empresa por ese mismo hecho, sanción a título de multa por valor 37 millones 479 mil pesos, para un total de 111 millones 847 mil pesos.
Para el contralor municipal, estos hechos van en contravía de los principios de eficiencia y eficacia que deben observar los funcionarios públicos en ejercicio de las funciones administrativas que les competen.
Por Edilberto Castillo Rada