Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, extraditado en mayo del 2008, negoció con las autoridades de los Estados Unidos hace nueve meses y firmó un acuerdo en el que aceptaba que las Autodefensas Unidas de Colombia había cobrado gramaje a narcotraficantes por el paso de la droga por la Costa Atlántica, pero negaba que hubiera traficado cargamentos de cocaína hacia ese país.
Sin embargo, el periódico EL TIEMPO publicó que ante la alta posibilidad de que un juez federal se niegue a avalar un acuerdo en el que ‘Jorge 40’ no reconoce narcotráfico y termine imponiéndole sentencias de más de 24 años como ha pasado con narcotraficantes colombianos, el máximo jefe paramilitar de la costa se retractó del arreglo e incluso decidió romper con su abogado, el cubano Joaquín Pérez, quien es conocido por las negociaciones que ha realizado para varios capos en los Estados Unidos.
De igual forma se conoció que Tovar Pupo lleva seis meses intentando que el acuerdo sea anulado, argumentando entre otras supuestas razones que el fiscal del caso ya había tenido contactos con él, antes de la desmovilización y que le había propuesto que se entregara directamente a los Estados Unidos.
Mientras sigue su proceso ante cortes federales, Rodrigo Tovar Pupo tiene abiertos en Colombia centenares de procesos por narcotráfico y, especialmente, por masacres, homicidios y desplazamientos forzados cometidos por los paramilitares que estuvieron bajo sus órdenes en Cesar, La Guajira, Magdalena, y en Atlántico.
La Fiscalía ya radicó la solicitud de expulsión de Rodrigo Tovar Pupo de Justicia y Paz porque no ha colaborado con el esclarecimiento de los crímenes que cometió su grupo armado y ha protegido a los ‘parapolíticos’ que hicieron arreglos con él.
Tovar Pupo, es el único de los exjefes paramilitares que optó por no colaborar con la justicia colombiana, la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, ni la Corte Suprema de Justicia.
Por Redacción Judicial / EL PILÓN