Un juez con funciones de control de garantías de Bogotá revivió nuevamente la orden de captura en contra del empresario cesarense Carlos Mattos con el fin de obligarlo a comparecer en el proceso en el que es investigado por presuntamente sobornar a funcionarios de la rama judicial para favorecerlo en una demanda que había entablado para quedarse con la representación de la marca Hyundai en Colombia.
El togado, según informaron agencias de noticias, consideró que existía riesgo de que este no se presente durante el proceso o intente manipularlo, por lo que la orden de captura se expedirá a la interpol con circular.
Esta no es la primera vez que las autoridades toman esta decisión, ya que a inicios del mes de junio del año 2018 también emitieron orden de aprehensión contra Mattos que no prosperó. Además en ese mismo año en el mes de octubre la Fiscalía General de la Nación pidió al país ibérico su extradición que en el momento tampoco tuvo éxito.
Sin embargo, recientemente la Agencia Nacional de España en primera instancia determinó que era viable la extradición del empresario Carlos Mattos a Colombia, pero eso dependerá de lo que establezca el Consejo de Ministros del país extranjero en un periodo de dos meses y de los recursos que interponga la defensa porque podría alargar el proceso.
Entre tanto, Mattos reside en España porque según los comunicados de prensa anteriormente este ha manifestado que en Colombia no existen garantías para enfrentar las investigaciones.
EL CASO HYUNDAI
Según la Fiscalía esta investigación comenzó cuando unos investigadores fueron informados por algunas personas que en un proceso que cursaba en el Juzgado 16 Civil Municipal de la capital, Mattos habría dispuesto el pago de una suma de dinero a una juez de la República.
La investigación indica que él se encargó de adulterar los re partos de procesos en el Centro de Servicios de los juzgados civiles de Bogotá, con el fin de direccionar a un despacho específico la demanda que presentó de Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea, para emitir un concepto que se resolviera a favor de sus intereses.
Según las evidencias recaudadas de la Fiscalía, para el efecto se habrían cancelado más de cien millones de pesos, y que uno de los pagos se habría efectuado directamente por el empresario, con el concurso de Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito y quien conocía a la juez 16 civil municipal.
Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN