El futuro de la reforma política electoral es confuso, según los representantes a la Cámara por el Cesar, Eloy Quintero Romero y Christian José Moreno, quienes no hacen parte de la Comisión Primera, pero realizan una radiografía de los momentos tensos en el interior del Congreso.
El primer debate de la reforma política se frustró durante una jornada en la que la Comisión Primera hacia sus apreciaciones ‘dulces y amargas’; en el que congresistas de diferentes partidos, incluso las barras asistentes, tuvieron algo que ver en la mala atmosfera.
Desde que el proyecto fue radicado en el Congreso, se anticipaba que el debate de la reforma política no sería fácil para el Gobierno. El proyecto, que hace parte de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, también modifica las reglas de juego del sistema electoral, y a menos de diez meses de las elecciones, los partidos políticos anteponen sus intereses particulares.
Esta reforma no alegra a los partidos mayoritarios; el partido de la U expuso sus críticas al proyecto y Cambio Radical, presentó ponencia para archivar el proyecto, argumentando que las propuestas allí contempladas no resuelven los problemas de fondo de la política.
El Representante a la Cámara por el Cesar, Christian José Moreno, recordó que el gobierno presentó la reforma política en tres ponencias de las cuales resultaron dos positivas y una negativa; previamente se hizo una audiencia pública con las instituciones involucradas, tales como Registraduría, partidos políticos, Consejo Nacional Electoral, entre otros, y la semana pasada se abrió la discusión y se votó únicamente uno de las ponencias, “una que es negativa”, dijo. “Falta votar la próxima ponencia y abrir la discusión de la positiva que está en la comisión primera”, agregó.
En su apreciación de la reforma, el congresista del partido de la U considera que la reforma política debía ser presentada con anterioridad, un año antes de las elecciones al Congreso que se realizan en 2018 y que además no es una reforma de fondo que mejora los aspectos electorales en Colombia.
El representante dijo que uno de los puntos favorables en esta reforma es la financiación política de los partidos y las campañas, en la que se alude que deben ser financiadas netamente por el estado para que la democracia no se vea empañada por la corrupción, a lo que dijo que es necesario que haya una claridad de cuáles son las reglas de juego y definir si va a existir una financiación mixta (público y privado), “desde ya el estado debe vigilar cómo se están financiando las campañas, para que los recursos estatales no queden en el favorecimiento de candidatos políticos y que hayan sanciones eficaces”.
Considera además que no vale la pena que esta reforma se tramite bajo el mecanismo de Fast Track porque no arrancaría para estas elecciones sino para las de 2022. También se refirió al Consejo Nacional Electoral indicando su desacuerdo en que la Rama Judicial haga parte de la escogencia de miembros porque de esta forma se estarían involucrando en temas políticos.
La misma apreciación hace el representante Eloy Quintero Romero, quien conforma la comisión cuarta y recordó que el análisis de la reforma empieza esta semana, recordó que hay mucha controversia y mucha inseguridad frente al futuro de la reforma, porque no se sabe qué va a pasar.
Durante el debate se habló de la eficacia de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado para que sean oportunos y actúen con celeridad para que exista claridad previa a las elecciones de quienes pueden participar como candidatos, para evitar lo que está sucediendo, que se presentan candidatos de quienes el Consejo de Estado emite la posibilidad de aspirar y luego los jueces administrativos, la Procuraduría o el Consejo de Estado los termina suspendiendo e inhabilitando.