La suspensión y el no pago de salarios y prestaciones sociales de dos o más meses a los trabajadores, así como la no garantía de los pagos a proveedores, empresarios y microempresarios del sur del Cesar, es la consecuencia del escándalo de corrupción con Odebrecht y la posterior terminación unilateral de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, del contrato de concesión con el concesionario Consol, del tramo dos de la Ruta del Sol.
Así lo dio a conocer el representante a la Cámara, Christian José Moreno Villamizar, asegurando que el departamento del Cesar esta ad portas de una crisis laboral y económica con implicaciones sociales.
De acuerdo con Moreno Villamizar, así como ocurre en el tramo dos de la Ruta del Sol se encuentran los subcontratistas, proveedores y empresarios locales que han tenido una relación comercial con el concesionario Yuma, es decir, en el tramo tres de la Ruta del Sol, que enfrenta graves problemas financieros para responder por las obras y las acreencias.
“La corrupción, la falta de planeación y los graves problemas económicos de estas concesiones viales están generando graves situaciones sociales en el Cesar, lo cual desencadenará en pobreza y descontento por parte de los municipios y las personas afectadas”, aseveró el congresista del partido de la U.
Por lo anterior, el representante solicitó que la ANI, que es la entidad encargada de las concesiones viales en el país le ponga la cara al departamento, a sus municipios, trabajadores, empresarios y microempresarios afectados para definir las soluciones a los problemas laborales y de pagos dejados de percibir en el tramo dos de la Ruta del Sol.
De igual modo, Moreno Villamizar pide que la ANI revisar las condiciones económicas y financieras de los miembros del concesionario Yuma, tramo tres Ruta del Sol, y que conmine a los pagos y acuerdos de pago, así como que retire de la concesión a quienes no tengan la capacidad económica para garantizar la estabilidad de las obras y los servicios requeridos.
Por otra parte, conmina a que los órganos de control como Fiscalía y Procuraduría actúen de manera eficaz encontrando a los responsables de corrupción en el escándalo de Odebrecht, sean judicializados y se haga justicia en este caso que tanto afecta la economía del departamento; además, que la Contraloría General intervenga evitando mayores detrimentos patrimoniales para el Estado y pérdidas económicas en la región.
“Los hechos probados de corrupción no pueden ser la excusa para que el Estado no asuma directamente su responsabilidad y que de esta forma se evite una problemática económica y social que se puede sobrevenir en el departamento”, puntualizó Christian Moreno.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN