Este lunes, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de acto legislativo, presentado por el Gobierno Nacional, que busca reformar el sistema político y electoral colombiano para el año 2030.
Luego de una sesión de más de cinco horas, los congresistas le dieron luz verde a los nueve artículos que contempla el proyecto y que ahora pasarán a discusión en la plenaria de Cámara. De acuerdo con el representante cesarense y coordinador ponente de la reforma, Carlos Felipe Quintero, se logró la aprobación de los tres pilares de la iniciativa.
“Se aprobó el artículo que contempla la financiación 100 % estatal, el cual busca que el Estado sea quien financie las campañas políticas para que no haya ingreso de dineros privados o de particulares. De igual manera fue aprobado la eliminación del voto preferente y la implementación de listas cerradas y bloqueadas, con las que buscamos fortalecer la democracia interna de los partidos”, explicó Quintero Ovalle.
En ese sentido, argumentó que con la eliminación del voto preferente que será sustituido por listas cerradas y bloqueadas, se garantizará la paridad de género para que más mujeres participen en la política, haya mayor alternancia y universalidad. “También fue aprobada la obligatoriedad de elecciones primarias simultáneas para todos los partidos. Esto con el propósito de promover una mayor organización interna y reducir la división política dentro de los partidos”.
Voto obligatorio
Uno de los artículos que está impulsando el representante cesarense es la implementación del voto obligatorio. De acuerdo con Quintero Ovalle, en el segundo debate “luchará” por la aprobación de este para atacar el abstencionismo en el país y promover una cultura electoral responsable y comprometida.
“Soy un fiel convencido de que con el voto obligatorio atacaremos la corrupción, la compra de votos y se generará conciencia en la ciudadanía. Así como tenemos derechos también tenemos deberes y nuestro deber es votar, así sea en blanco. En Colombia hay cifras muy altas de abstencionismo y eso hay que disminuirlo para que el proceso democrático se dé de manera responsable y bajo la transparencia”, comentó Quintero.
Explicó que está contemplado bajo dos modalidades, que son “el voto obligatorio con sanción y sin sanción”. La sanción sería pecuniaria, la cual establece que la persona que no vote será sancionada con una multa. Por otro lado, con el voto obligatorio sin sanción “se le quitaría a la persona algún incentivo del que goce como ciudadano”.
De acuerdo con un análisis comparativo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil de las elecciones al Congreso de la República entre los años 2018 y 2022, y las elecciones territoriales de 2019 y 2023, se evidenció un aumento generalizado de la abstención electoral con una variación promedio del 3,09 %.
Abstencionismo
De acuerdo con el Observatorio Electoral de la Registraduría Nacional, el porcentaje de abstención más alto en las últimas elecciones ordinarias, es decir, las de Congreso, Presidencia y territoriales, se presentó en las elecciones al Congreso de 2022 con un promedio entre las elecciones de Cámara de Representantes y Senado de la República del 51,25 %.
Seguidamente las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 2022 con un 43,43 % y, por último, las elecciones territoriales de 2023 con un promedio del 42,11 %. Cabe destacar que las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, mostraron una disminución significativa de la abstención en la primera vuelta de un 1,64 % y en la segunda de 9,22 %.
Lo anterior demuestra que las elecciones legislativas de 2022 fueron en las que menos votaron los ciudadanos. Contrario a lo que sucedió con las elecciones de autoridades territoriales, en las que se registró un porcentaje de participación promedio del 57,89 %.
Listas cerradas y bloqueadas
La obligatoriedad de las listas cerradas y bloqueadas paritarias es uno de los puntos que ha estado dentro de la discusión de esta reforma que deberá pasar ocho debates. Al respecto, el presidente de la Asamblea del Cesar, José Mario Rodríguez Barriga, comentó que “todo cambio genera traumatismos” y que si los partidos políticos lo consideran sería aplicable las elecciones primarias.
“La reforma política pocos resultados ha dejado en cuanto a la participación. Desde que iniciamos con la aplicación de la cuota de género salir a convocar mujeres ha sido una problemática para los partidos porque no hay una participación. En cuanto a la eliminación del voto preferente me parece algo antidemocrático porque una persona que vaya a hacer su primer ejercicio no ocupará los primeros lugares”, argumentó Barriga.
Por otro lado, el representante Carlos Felipe Quintero Ovalle, explicó que con las elecciones primarias los candidatos estarían en igualdad de condiciones y con ellas se definiría la posición del candidato en el tarjetón, las cuales también serían financiadas por el Estado. Acotó que con estas elecciones “se va acabar el personalismo porque las personas votarían por convicciones ideológicas de partido”.
En ese sentido, el diputado Raúl Romero, de Cambio Radical, comentó que “va a depender mucho del compromiso que exista por parte del partido y de todos aquellos militantes que hagan parte de la lista para que también, más adelante se le de unos espacios importantes, y se les tenga en cuenta en otras elecciones. Se deben manejar con transparencia”.
Consejo Nacional Electoral
Uno de los artículos polémicos de la reforma es la restructuración del Consejo Nacional Electoral, CNE. En esta primera ponencia se decidió mantener la facultad del Congreso para elegir a los miembros del CNE, pero mediante una convocatoria pública.
“Con la convocatoria pública buscamos despolitizar al CNE y evitar la injerencia directa de los partidos políticos en el nombramiento de los magistrados. En ese concurso de méritos se valorará la experiencia profesional y docente en temas electorales o afines. Posteriormente el Congreso determinará los magistrados elegidos después de haberse surtido el concurso de méritos”, dijo el representante cesarense.
También se establecen unas inhabilidades para poder ser magistrado del CNE, como no estar en el mundo de la política, no haber ocupado cargos de elección popular, entre otros.
Con respecto a las funciones se propone que este puede ser un órgano de control y revisión de las actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que asumiría algunas funciones que tal vez actualmente tiene la Registraduría, ya que las dos hacen parte de la organización electoral.
Por Namieh Baute Barrios