La Misión de observación Electoral, MOE, desarrolló el tercer encuentro de editores políticos del cual participaron los medios más influyentes del país; el objetivo, socializar las propuestas emitidas por esta organización en temas de reforma política y electoral que permitan alcanzar la transparencia en las futuras elecciones.
Las reglas de juego empezarían a aplicar a partir de las elecciones de 2018, teniendo en cuenta que la solicitud de reforma fue radicada en el Congreso pero no ha sido debatido y debe cursar trámite en Reforma Constitucional que se da en cuatro debates.
La MOE basa su propuesta en aumentar las fortalezas del sistema electoral de Colombia y proponer cambios en las áreas con insuficiencia y problemas bajo cuatro premisas: -respeto del triple mandato recibido por la Misión Electoral Especial MEE en el acuerdo, modificar únicamente lo que los actores políticos e instituciones identificaron que requiere cambios, apoyar en la historia y el tejido institucional colombiano y funcionar como un esquema adaptado a la estructura constitucional de Colombia y a los estándares latinoamericanos más elevados de elecciones íntegras.
Los puntos que ameritan cambios se centran en la reforma al diseño institucional electoral, conformado por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la parte jurisdiccional que es el Consejo de Estado. En este punto, la reforma busca mejorar la eficacia y la inmediatez frente a los cuestionamientos que existen en las elecciones y de manera directa una mayor responsabilidad de los partidos y movimientos políticos frente a los candidatos que postulan y aumentar la confianza del ciudadano frente al sistema electoral nacional, ya que propone mayores controles a las personas que sean elegidas en cargos de elección popular y respetar la voluntad del ciudadano expresada en las urnas, por encima de la de los políticos. En este ámbito la propuesta es conformar esta organización electoral con la Registraduría, el Consejo Electoral Colombiano y como jurisdicción especial la Corte Electoral, presentándose las dos últimas como nuevas figuras.
La segunda propuesta es la financiación política, que propone un sistema mixto con mayor aporte estatal, tanto directo como indirecto que reduzca la necesidad de acudir a fuentes privadas, particularmente durante campañas impulsando mecanismos de control más efectivos para mayor trasparencia en la rendición de cuentas de los partidos. Los recursos quedarían distribuidos así: un 25 % en organizaciones con personería jurídica, 55% en cargos obtenidos en congresos, asambleas y concejos y 20 % inclusión de mujeres, jóvenes y etnias.
El coordinador del observatorio político electoral, Camilo Vargas, basa su argumento en que hoy en Colombia no se conoce cuánto cuesta realmente una campaña electoral, cómo se está gastando y en qué se está gastando y este desconocimiento no permite analizar qué se debe perfeccionar.
“Cuando el Consejo Nacional Electoral fijo tope a Senado, el gasto en la circunscripción nacional fue de 74 mil millones de pesos y solicitaron que se volviera a analizar el costo para aumentarlo; esta no representa una medición muy seria, pero lo ilógico es que los candidatos no alcanzan a gastarse el tope, o no reportan lo que realmente se gastan a Cuentas Claras. Otro aspecto es que el voto se repone a 4.726 pesos, es decir, que las campañas se hacen a pérdida según sus reportes. Con esta medida no se necesita tener recursos y no se polariza una aspiración política”, explicó.
Esta reforma establece un tope en valores absolutos a todas las donaciones o aportes que provienen de los recursos propios de los candidatos y de sus familiares, personas naturales o jurídicas, créditos bancarios y recursos propios de las organizaciones políticas, además de los respectivos controles en el gasto.
La tercera modificación apunta al sistema electoral con el que se busca darle mayor participación a los partidos minoritarios y que haya claridad frente a la conformación de coaliciones; la reforma propone legalizar esta figura para que uno de los partidos que conforme la coalición sea el responsable de lo que acurra mientras exista la alianza, además de que el país tenga claridad referente a la ideología de la alianza; esta es quizás una de las reformas más espinosas, porque todo apunta a que las coaliciones tengan personería jurídica.
Además en esta reforma propone la lista cerrada para las elecciones a Cámara de Representantes, debido a que la lista abierta se respalda mucha veces por dinero privado, la financiación en las listas cerradas se administran a nivel de partido lo que ayuda a la transparencia y al control.