Quienes resultaron elegidos como Congresistas, bien sea Senador de la República o Representante a la Cámara, el domingo 13 de Marzo, tienen una grandísima responsabilidad con el pueblo colombiano, con sus regiones y – principalmente- con la gente más pobre de las zonas más apartadas y abandonadas de nuestro país. Contrario a lo que se considera, que nuestro sistema político es excesivamente presidencialista, lo cierto es que, a la luz de lo establecido en la Constitución Política de 1991, el Gobierno Nacional, el ejecutivo, requiere contar con unas mayorías en el Congreso, a la hora de gobernar.
Resulta que los Constituyentes de 1991, en su leal saber y entender, le dieron al Congreso de la República un poder inmenso, que a veces no visualiza muy bien el ciudadano común y corriente. Ese poder se puede resumir en tres grandes tareas: hacer las leyes, hacerle control político al gobierno y reformar la misma Constitución. Esto sin desconocer otras funciones de carácter judicial, administrativa y electoral, que la misma Carta le atribuye a los Honorables Congresistas; por ejemplo: elegir Contralor General de la República, Procurador General, Defensor del Pueblo y Fiscal General de la Nación. Nada más, ni nada menos.
Y en efecto, entre 2022 y 2026, el período del nuevo Congreso y del nuevo gobierno, serán cuatro años vitales para rescatar nuestra economía, después de la debacle post-covid 19, afrontar la grave crisis social por la que estamos pasando, a raíz de la migración de millones de venezolanos y del aumento del desempleo y la pobreza, que ya padecíamos, antes de los dos fenómenos: tanto la pandemia, como la migración. Nunca, quizás como antes, se requiere que la dirigencia política, incluyendo la que resulte en la oposición, deponga sus intereses particulares en aras del bien común, como lo ordena la misma Constitución.
Insisto, la prioridad es la crisis social: atender a millones de personas hoy en la indigencia, es decir en la pobreza extrema, que están pasando física hambre y que – difícilmente- regresarán pronto al mercado laboral, ya que también las empresas, la gran mayoría de ellas, están pasando por una situación calamitosa. Luego, el Estado tendrá que disponer de ingentes recursos para seguir atendiendo a miles de familias muy necesitadas, y también a cientos y miles de empresas a las que hay que rescatar para que no sigan destruyendo empleo y – por el contrario- pueden generar nuevos puestos de trabajo, remunerado como establece la ley y con acceso a la seguridad social. Esto implica revisar muy bien, con lupa, el sistema de subsidios que hoy tenemos.
Simultáneamente, el Estado tendrá que atender un déficit fiscal, de varios puntos del PIB, situación que se hace insostenible y se ha agravado con el conflicto Ucrania- Rusia, a raíz del aumento de los precios del petróleo, lo que nos favorece por un lado, pero nos perjudica por el otro: el aumento internacional en el precio de la gasolina, que el próximo gobierno, gane quien gane, tendrá que trasladar a lo consumidor colombiano, principalmente a las clases medias y altas, que son las que tienen vehículo particular. La repercusión de esto en el transporte público de pasajeros será otro problema, como también sus efectos en el transporte de carga.
Además, como ya se ha dicho hasta la saciedad, se requiere una reforma laboral y también una reforma pensional, de carácter urgente, ya que el actual esquema favorece a funcionarios públicos de altos ingresos, a los que el sistema no obligó a aportar lo que debían. Ahí hay un esquema injusto y eso se debe revisar, respetando los derechos adquiridos.
En materia de política agraria, en el sector minero, en desarrollo urbano, ambiental, y en la parte social, salud y educación, también son enormes los retos que tendrán los nuevos congresistas.
Señoras y señores, honorables congresistas, lo que les espera es una tarea heroica. Aún sin tener en cuenta el porcentaje de repitencia, y sin desconocer -de manera ingenua- la manera como algunos de ustedes fueron elegidos, eso es asunto de las autoridades respectivas, pero Colombia espera de ustedes una actitud responsable, seria, comprometida con los problemas más graves del país y no con los grupos de interés y de presión que contribuyeron a su elección. Para nadie es un secreto el poder inmenso de los grandes contratistas, a tal punto que en algunos sectores se habla del partido de los contratistas. Pero, esto es harina de otro costal – e insisto- asunto de las autoridades.
Por: Carlos A. Maestre Maya.
Docente y analista económico.