Las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, en el contexto del conflicto armado son responsabilidades múltiples, según la Comisión de la Verdad.
“Agentes e instituciones estatales, grupos paramilitares y grupos guerrilleros, así como otros civiles o grupos que tuvieron diferentes tipos y grados de responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos”, señala el Informe Final.
“Las responsabilidades no se refieren solo a los autores materiales o la relación directa de responsable-víctima”, se expone en el capítulo ‘Violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario’ de este documento.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, según la Organización de las Naciones Unidas y la Constitución Política de Colombia de 1991.
DINÁMICAS DEL CONFLICTO
En el esclarecimiento de las dinámicas del conflicto armado y social que plantea este comité, que surgió tras el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, se señalan a otros responsables además de los paramilitares y guerrilleros.
“De diferentes maneras, las entidades estatales y terceros civiles del sector económico, político y élites regionales, han tejido y actuado mediante alianzas…”, explica. Es decir, los vejámenes de la guerra no solo tuvieron que ver con “actores” como los citados grupos o personas que participaron directamente en las hostilidades, de acuerdo a lo expuesto.
Para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, también hay responsabilidad institucional de otras autoridades públicas, “como aquellos que entorpecieron precisamente la investigación y sanción de graves violaciones e infracciones”.
Cabe recordar que el mandato de la Comisión incluye esclarecer las responsabilidades colectivas extrajudiciales conforme al mandato del numeral 2 del artículo 2° del Decreto 588 de 2017. IMPUNIDAD Y PERSISTENCIA “La impunidad ha favorecido la persistencia de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Fiscalía muchas veces ha sido omisiva en la investigación y acusación de graves violaciones a los derechos humanos”, subraya el citado Informe.
Precisamente la Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres, de EL PILÓN, en 2019.
El hecho se perpetró en 1999 cuando Quintero fungía como jefe de redacción y exponía los horrores de la guerra en el departamento del Cesar a mediados de 1990.
A pesar de haberse superado la época más cruel de las citadas violaciones a los derechos, la Defensoría del Pueblo en el Cesar ha emitido alertas tempranas sobre defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo.
Así también lo han informado diversas organizaciones que trabajan por el respeto a la condición humana, una de estas es la Alianza Para el Servicio del Desarrollo, activista por la no estigmatización de líderes y lideresas sociales.