Cerca de 100.000 millones de pesos destinó el gobierno nacional a 88 municipios colombianos como incentivo a la producción minera. De ese rubro, 12.723 millones de pesos llegaron a ocho municipios cesarenses que mantuvieron tal producción, único requisito para acceder a dichos recursos. En este caso los beneficiados fueron La Jagua de Ibirico, Becerril, Codazzi, El Paso, San Martín, Río de Oro, Aguachica y San Alberto.
El viceministro de minas, Carlos Erazo Calero, señaló que este año el municipio de Chiriguaná bajó la producción y por ello no entró en la lista beneficiados.
“Este es un trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Minas y Energía, ha sido fundamentalmente una decisión política del gobierno de generar un incentivo a la producción en la medida en que dados los promedios de producción de los últimos cinco años, se hace un cálculo y si la producción se mantiene por encima del 75% se generan estos incentivos y se otorga de acuerdo a una distribución”, explicó el funcionario.
Erazo Calero, junto a la presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), Silvana Habib Daza, explicó que busca comprometer a los municipios beneficiados en el mantenimiento de la producción.
“Este es un tema adicional a los recursos que las alcaldías a través del Sistema General de Regalías (SGR) como regalías directas y compensaciones, entonces el presupuesto de administración que se maneja por el órgano rector del SGR se tomó la decisión de apostar a los municipios que estimularan la producción”, relató.
Para Erazo Calero lo anterior tiene toda una lógica que se le explicó a los mandatarios municipales. “Muchos proyectos en el país que tienen inconvenientes por falta de concertación con las comunidades, con los alcaldes, no se entienden y generan una serie de inconvenientes pequeños que se empiezan a convertir en problemas grandes y vemos bloqueos del ferrocarril, o de la entrada a la mina y se para la producción, así por supuesto que disminuye el nivel de exportaciones, la producción cae y muchas veces lo que vemos es que los alcaldes y las mismas comunidades no entienden los beneficios de la producción y por eso generamos este tipo de incentivos”, precisó.
En palabras del viceministro de Minas, la importancia de este incentivo a la producción minera radica en que son de libre destinación, aunque pasen por el sistema OCAD, que genera proyectos interesantes de conexiones de acueducto, alcantarillado, viales, de deporte y cultura, entre otros.
Garantía de impacto
Es común el lema de la inversión social de las empresas mineras en la región donde se encuentran, sin embargo a la fecha poco se ven los resultados. Por ello, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera decidieron cuidarse de un mal resultado, creando una estrategia de impacto.
En este sentido, Silvana Habib Daza, resaltó la prórroga del contrato que se le hizo a la empresa Prodeco, que esta vez concibió un componente social.
“De todo lo que uno puede resaltar de la prórroga, del trabajo que se hizo, fue el balance de 89.000 millones valor presente neto en beneficio económico para la Nación. Pero lo que resaltamos dentro de ese paquete es la cláusula de inversión social porque ese contrato no la tenía, viene de 1990 y esa cláusula tiene dos componentes: una cuota anual de 200.000 dólares y lo más importante es que aparte de esa cuota tiene la obligación de un proyecto de alto impacto por 800.000 dólares y eso está a cargo de la empresa, que tiene que desembolsarlos”, indicó
Según la funcionaria, Prodeco venía desde hace varios años recogiendo las necesidades de la comunidad, acompañándose del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y otras entidades; en ello se basará el proyecto social de impacto que realizará la empresa. Así mismo aclaró que Prodeco no tiene por qué sustituir ni al Estado ni a la entidad territorial.
“Pero en su ‘rendición de cuentas’ tendrá consignado ese proyecto de alto impacto. Esos recursos no los va a aportar a la entidad territorial, y eso lo aseguramos mediante una obligación contractual, que de no cumplirse acarrearía multas que tienen un alto costo y eso ayuda mucho como apremio para que ese titular minero cumpla. Esto permite que a la empresa la vea la comunidad y el área de influencia como un aliado y lo tiene claro, porque sabe que eso no quedará en letra muerta”, explicó.
Respecto a lo anterior, el viceministro Erazo Calero añadió que el proyecto de explotación de Prodeco está estructurado para cerrarse en el 2031 y, basado en ello, debe la empresa prepararse técnicamente para realizar un cierre adecuado, y socialmente para que las comunidades puedan encontrar otras actividades que no se relacionen con la minería pues “de una u otra forma se han ido acostumbrando a lo que significa vivir en un municipio minero, entonces todo este trabajo se ha venido estructurando para que en 15 años tengamos un nuevo territorio que seguramente vuelva a su vocación productiva inicial o haga turismo, pero se genere un proceso de reactivación a partir de otros sectores económicos”, expresó.
Reveló la presidenta de la ANM que el contrato prorrogado a Prodeco hace parte de la nueva generación de contratos consignado en el Código de Minas, que permite hacer adiciones con cláusulas específico.
“Lo bueno de este contrato es que se puede negociar y pudimos establecer una negociación juiciosa, bien hecha, duramos dos años mirando esto y terminó aumentando los recursos del SGR y recursos de inversión social. Aquí se está cumpliendo con los recursos técnicos y ambientales, se hacen visitas programadas para ver si el titular minero cumple con la ley”, afirmó.
Mineros ‘en jaque’ por tutela
Recientemente se dio a conocer que las autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta interpusieron una tutela que impediría el ejercicio minero en parte del territorio cesarense. A raíz de lo anterior, un título minero ubicado cerca al corregimiento La Mesa debió clausurar sus actividades, dejando sin empleo a 100 personas.
Al respecto, Silvana Habib Daza dijo que desde la ANM se ha intervenido en dicha tutela, que fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia, “pero hay que definir la línea negra y tener claridad”, indicó.
Por su parte, el viceministro de Minas señaló que lo más importante es, bajo la perspectiva del Ministerio del ramo como autoridad minera, el ejercicio que viene estructurando en cuanto a la organización de un plan de ordenamiento minero que permita tener total claridad sobre los territorios donde se puede hacer minería, haciendo exclusión de las áreas no permitidas, de aquellas donde no se puede realizar por temas ambientales y, sobre todo, donde se debe hacer un ejercicio de concertación con las entidades.
“Estamos avanzando hacia la generación de mecanismos que nos permitan ponernos de acuerdo con las entidades territoriales en el uso del suelo, en la medida en que nosotros somos los ordenadores del subsuelo no solo desde el punto de vista minero, sino también petrolero y de gases. Para eso trabajamos fuertemente en mecanismos que nos permitan concertar”, destacó.
Concluyó el funcionario que todas las discusiones relacionadas con comunidades étnicas y ancestrales tienen que analizarse, puesto que solo así se avanzará en el camino hacia la paz.
Actualmente existen 330 títulos mineros tiene el Cesar, de los cuales 60 son de explotación de carbón, 195 de materiales de construcción, 11 de oro y otros materiales preciosos.
Por Jennifer Del Río Coronell
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