De gravísima a grave le bajó la Procuraduría Regional del Cesar la falta cometida por la exjefe de Recursos Humanos de la Terminal de Transporte, Siboney de León Ropero, por lo que ahora tendrá solo seis meses de suspensión.
En fallo de primera instancia la exfuncionaria había sido sancionada por la Personería Municipal de Valledupar con suspensión e inhabilidad por 10 años por haber contratado a una persona que se encontraba inhabilitada y condenada penalmente.
La sanción fue apelada ante la Procuraduría Regional que determinó modificar el fallo emitido en junio de 2015 y consideró bajarle a grave la falta y el grado de culpa de gravísima a grave.
Según la Procuraduría, la culpa gravísima implica el desconocimiento de lo que se debe saber, el solo hecho de conocer lo que se requiere, “torna en inadmisible un encasillamiento en tal categoría”.
Concluyó el Ministerio Público que la omisión de León Romero al no revisar los antecedentes disciplinarios de Juan Carlos Galán Aguilar, antes de dar el aval para la suscripción del contrato en 2013 cuando le asistía el deber en razón al cargo de Jefe de Recursos Humanos de la Terminal de Transporte para la época de los hechos, constituye una falta gravísima pero a título de culpa grave, por no observarse el cuidado necesario que debió tener.
Debido a que De León Ropero ya no es funcionaria pública, la suspensión se convierte en seis meses del valor del salario devengados como Jefe de Recursos Humanos de la Terminal de Transporte.
El año pasado la Personería de Valledupar sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la exfuncionaria, por hechos que se presentaron cuando ésta ejercía como Jefe de Recursos Humanos de la Terminal de Transporte, en donde contrató a Juan Carlos Galán Aguilar para labores de jardinería, pese a que éste se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado por haber sido condenado por un Juez de la República por el delito de Tráfico y Fabricación o porte de Estupefacientes.
La Personería le impuso sanción e inhabilidad de 10 años a Siboney De León, pero la Procuraduría se la bajó a seis meses.
Sandra Santiago B.
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