Pliego de cargos formuló la Procuraduría General de la Nación a Roger Mario Romero Pinto, secretario de Apoyo de la Gestión de La Guajira, (quien actuaba como gobernador encargado para la época de los hechos), por posibles irregularidades presentadas en la construcción de la escuela Silvestre Dangond.
El contrato que tenía como objetivo la construcción de la primera etapa de la nueva sede de la institución educativa Silvestre Dangond en el municipio de Villanueva, se habría suscrito sin advertir que en él se involucraron actividades de dotación y suministro de computadores, textos y útiles escolares, entre otros, que no guardan relación con la naturaleza misma del contrato de obra.
Según el Ministerio Público, en los estudios previos a la licitación no se tuvo en cuenta el análisis de la conveniencia, el objeto, ni las especificaciones del componente de dotación y esto habría impedido dar a conocer el verdadero alcance del objeto contractual.
De otra parte, el ente cuestiona a Romero Pinto porque al parecer, suscribió el cuestionado contrato sin contar con pliegos de condiciones claros y completos, con lo cual se habrían desconocido los principios de transparencia y responsabilidad que gobiernan la actividad contractual.
Ante esto, “otras personas interesadas en contratar el componente de dotación, no tuvieron la oportunidad de participar en la contratación que se cuestiona, dado que la publicidad que se le dio a los estudios previos tan solo incluía el componente de obra omitiendo totalmente el componente de dotación, ello se reflejó en el proceso licitatorio adelantado por la Gobernación que fue presentado y publicitado como un contrato de obra, sin que además se tenga certeza de cómo pudo obtener la información para presentar la oferta el único participante, ni en los estudios, ni en los pliegos se incluyó lo referente a dotación”, dice la Procuraduría.
La conducta es reprochada al entonces gobernador y según la Procuraduría, habría violado el principio de transparencia y del deber de selección objetiva del contratista, debido a que el pliego debe determinar desde un comienzo las condiciones claras, expresas y concretas así como las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a las que se someterá el correspondiente contrato.
Además de Romero Pinto, el Ministerio Público ordenó investigar la conducta de Damaso Parodi Caicedo, en su calidad de director de Infraestructuras y Vías, y Yubizza De Jesús Pimienta Quintero, secretaria de Obras Públicas y Vías para la época de los hechos.
Estos dos últimos funcionarios participaron en la elaboración y aprobación de estudios previos del contrato 379 de 2013; además de Abel José Carrillo Soto, en su calidad de jefe de la Unidad de Contratación Estatal, como responsables de los estudios previos del contrato y de la asesoría de la suscripción del contrato respectivamente.
El valor del contrato fue de 9.142.857.143 pesos, celebrado el 16 de octubre del año pasado.