La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Fredys Miguel Socarrás, en su condición de alcalde de Valledupar para el período constitucional 2012-2015; Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria General; Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno, y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica.
De acuerdo con la investigación, los disciplinables habrían cometido irregularidades en el contrato de prestación de servicios nro. 552 de 2015 por valor de $1.400’000.000, celebrado entre la Alcaldía de Valledupar y la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS) con el objeto de desarrollar el proyecto ‘Formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar’.
A Fredys Socarrás se le investiga por omitir la vigilancia y control sobre la función delegada en la secretaria General, en el marco del citado contrato y su conducta se calificó hasta este momento como gravísima a título de culpa grave.
En el cargo formulado a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus se le reprocha el, presuntamente, haber certificado que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, sin serlo; y celebrar en forma directa el contrato 552/15 con la periodista Natalia Springer, su representante legal, eludiendo el principio de transparencia porque, al parecer, no agotó el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista.
En esta etapa del proceso la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública calificó su falta como gravísima a título de culpa gravísima.
La primera de las dos faltas que se le endilgan a Carlos Mario Céspedes Torres, quien fue objeto de dos imputaciones consistió en certificar que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el objeto contractual, cuando existían elementos que no lo evidenciaban y elaborar unos estudios de mercado sustentados en las cotizaciones presentadas en abril de 2015 por SVSCS, firma que presentó otra cotización seis meses antes de ser requerida, y Bimedia Studio, sin vincular entidades que por su perfil se adecuaban a las necesidades que originaron el proceso contractual en el municipio y recomendar la celebración directa de un contrato de prestación de servicios profesionales.
En segundo lugar, se le cuestiona al exsecretario de Gobierno de Valledupar y supervisor del citado contrato, el no exigir la calidad de los servicios adquiridos por la entidad estatal, pese a las evidentes diferencias numéricas de los asistentes, al eventual sobrecupo en el auditorio donde se llevaron a cabo las capacitaciones, a las fechas en las que se dice fue alquilado el recinto y a la falta de informe sobre las algunas obligaciones contenidas en el contrato.
Las conductas del entonces secretario de Gobierno fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo y de culpa gravísima, respectivamente.
A Mery María Romero Mestre se le investiga porque, al parecer, no asesoró a la administración municipal sobre el procedimiento contractual que debía seguirse para la selección del contratista, lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios.
Su falta se calificó en esta etapa como grave cometida con culpa grave, teniendo en cuenta que situaciones como la presentada generan una imagen negativa a la administración y generan desconfianza de los ciudadanos, poniendo en entredicho la buena fe con que deben actuar todos los servidores del Estado.
Finalmente, el órgano disciplinario señaló que los sujetos procesales podrán presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren conducentes para su defensa.