La sanción provisional fue confirmada a Lorena Paola Hernández Dangond y María José Páez Díaz, secretarias General y jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de la Gobernación del Cesar, respectivamente, a título de ratificación de la suspensión adoptada el 21 de mayo pasado.
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Las dos funcionarias que venían en su cargo desde la administración del exgobernador, Francisco Ovalle Angarita, fueron suspendidas a través de un auto, fechado el 23 de junio del presente año. Tres meses retiradas de sus cargos ratificó la Procuraduría General de la Nación
Las razones de la medida se dan por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de $2.600 millones de pesos con las fundaciones Visión Caribe, para el Desarrollo Social de los Colombianos, por un Vivir Mejor y Abiezer del Cesar para la entrega de 20.900 kits de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valledupar, en el marco de la pandemia de la covid-19.
Se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la adquisición de los mercados e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas, la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios, precio y ubicación geográfica de los proveedores, así como los criterios empleados por la administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados, además de una presunta ausencia de trazabilidad en las actuaciones contractuales.
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Sobre esta determinación, según el documento, no procede ningún recurso para apelar.
RAZONES DE LA MEDIDA
Entre los argumentos del ente de control están que “luego de examinar las funciones y competencias laborales de cada una de las servidoras públicas y de referir cuál fue su participación en la contratación que dio origen a las diligencias seguidas en su contra precisa que existen serios elementos de juicio para aseverar que la permanencia en el cargo posibilitaba la reiteración de los comportamientos presuntamente irregulares por los que estaban siendo investigadas”.