El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer los resultados de la investigación que adelanta la entidad sobre corrupción electoral en los comicios para el Congreso de la República, asegurando que en todo el país se encontraron distintas modalidades de delitos, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a electores reclutados entre poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta.
Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferentes niveles y se logró la identificación de más de dos mil intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso.
En este primer informe no se ve involucrado ninguno de los candidatos del Cesar, sin embargo sí de la región Caribe, como es el caso de la red que compraba votos para favorecer a la candidata Aida Merlano, en Barranquilla y otras poblaciones del Atlántico.
La red se financió tanto con recursos públicos como privados. El ente acusador identificó varias prácticas entre ellas la existencia de organizaciones con líderes locales que ofrecen a políticos los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero. Esa práctica ahora es delito con una pena de entre 4 y 9 años de cárcel. Hasta el momento han sido capturadas ocho personas entre ellas la senadora electa.
Andreina Bandera Martínez / EL PILÓN
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