Lanzando ‘dardos’ hacia el presidente del país, Juan Manuel Santos, llegó el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado a Valledupar, tras la invitación de los militantes del partido conservador de la ciudad. Este personaje, que en más de una ocasión ha desatado controversia por la contundencia en sus aseveraciones, visitó las instalaciones de EL PILÓN y respondió una serie de preguntas.
¿A qué obedeció su visita a Valledupar?
La intención era reunirme con cesarenses para oírlos y hablar con ellos sobre temas que despiertan preocupación en el país, puesto que es necesario que estas temáticas se discutan en escenarios académicos con diversos actores sociales.
Usted lidera una protesta el 1 de abril, cuéntenos sobre esta iniciativa.
Tenemos que protestar, por eso el expresidente y senador Álvaro Uribe y yo convocamos una marcha para el 1 de abril, a la cual se ha sumado la ciudadanía en general, sin distingo de partidos ni de convicciones, en la cual las personas protestarán por el desbarajuste que está viviendo la sociedad, por el desgobierno al que nos ha sometido el presidente Santos.
¿Qué opina del gobierno actual?
El presidente Juan Manuel Santos es ilegítimo, en su origen y ejercicio; porque no lo eligió el pueblo, sino el fiscal de la época Eduardo Montealegre y recientemente nos enteramos que igualmente lo eligió Odebrecht. Aquí el ciudadano no decide, solo vota, pero los que deciden son los contratistas. En su ejercicio también es ilegitimo, solo hay que ver el robo del 2 de octubre, así la Corte haya avalado ese robo, lo hace ilegitimo. El ciudadano no cree en sus autoridades en razón a la corrupción y a sus actos, que cada vez son más fuertes; no solo de Santos sino de la institucionalidad en general, por eso esto no se arregla con pañitos de agua tibia.
Y entonces ¿Cómo se arregla la situación actual de Colombia?
Hay varias rutas. Creo que el próximo presidente no podrá gobernar con el actual diseño constitucional y con el actual régimen de complicidades, porque esa alianza de la oligarquía y de los criminales le afectó al ciudadano sus derechos. Serán necesarias amplias mayorías en el Congreso como en la Presidencia para convocar una constituyente, aunque no soy amiga de ellas, es la única salida que nos queda.
Usted es una de las cartas como candidato a la Presidencia de Colombia, ¿Ya está madura esta idea?,
¿Este recorrido hace parte de esta eventual candidatura?
No. Estos recorridos se explican por la necesidad de la ciudadanía de hablar y de escudriñar unas rutas para tratar de salir de esta crisis que vivimos. Más importante que nombres es una política, después se le encontrará un nombre. Lo importante es crear una convergencia, una unidad y señalar un rumbo. Es necesario devolverle legitimidad a la institucionalidad, proteger nuevamente los derechos de los ciudadanos, buscar medidas para que las políticas públicas cumplan con sus funciones y que el dinero público no se lo sigan robando.
¿Qué opina de lo que manifestó el contralor de la República, Edgardo Maya, en el más reciente foro de EL PILÓN sobre que el fiscal y el procurador se convertirán en los ‘jefes de debate’ de las próximas elecciones por el tema de corrupción?
No sé en qué contexto lo diría. Interpretaría que les corresponderá a los organismos de control actuar para lograr investigar y sancionar los responsables de actos que implican afectación indebida al presupuesto público. Los entes de control han actuado; por ejemplo la Procuraduría, en el caso mío, y cuando estuvo en cabeza del actual Contralor, tuvieron un balance muy satisfactorio. Yo estuve casi ocho años como Procurador y sancioné a cerca de 8.000 funcionarios, casi cuatro al día. La Contraloría de la época, Sandra Morelli, actuó con mucha independencia y carácter. Recuerden del escándalo del ‘cartel de la contratación’, allí destituí al Alcalde de Bogotá, al hermano del alcalde, al Contralor de Bogotá, a cinco concejales, a 1.600 alcaldes, a más de 1.000 concejales, un centenar de diputados, a 25 congresistas y a dos ministros. Es urgente que actúen los organismos de control, pero no basta.
La corrupción en Colombia está incubada desde hace años. ¿Usted cuando era procurador desconocía el caso de Obedrecht?
La Procuraduría hizo lo que debía hacer con las realidades probatorias. Hay que tener en cuenta que lo que se conoce hoy no se conocía hace siete años. Quien debe actuar con lo que se conoce hoy es el actual procurador y el actual fiscal. La Procuraduría investigó y recaudó pruebas; las autoridades no pueden decir usted por qué no vio eso. Es que los pícaros hacen bien el mal. Este escándalo se dio porque los gringos los apretaron y hablaron.
Según su experiencia, ¿Usted en qué cree que irá a terminar el tema de Obedrecht?
Esto es la gota que llena el vaso porque esa gran dosis de pérdida de legitimidad hace precisamente que haya una reacción por parte de la sociedad frente al sistema que está diseñado y que posibilita que esto exista. Las autoridades de hoy (contralor, procurador y fiscal) deben sancionar.
¿Qué conoce usted de la clase dirigente cesarense? ¿Cómo los ve en el tema de la corrupción?
Como en todo el país, hay una pérdida de confianza del ciudadano por su clase dirigente, pero hay sus excepciones, no se puede generalizar. En general hay un desgaste y desprestigio de la clase política.
¿En el tema del proceso de paz percibe algo bueno?
Que se desmovilicen y que entreguen las armas, desde luego que nadie dirá que no; pero es indudable que la sociedad está vigilante en que no reincidan en las conductas, que cumplan con lo pactado. Hay una infinidad de observaciones que generan la descofianza en los colombianos en materia de impunidad y de legitimidad política, esas fueron las razones por las cuales los colombianos rechazamos este proceso.
Por otro lado, ¿Cómo se debe recuperar la moral y los valores que parecen estar perdiéndose en la sociedad actual?
Restableciendo las familias, permitiendo que cumpla con su función educadora, porque es donde se transmiten las creencias, políticas y valores, teniendo en cuenta que las políticas del Estado están dirigidas a destruir la familia.
¿Es decir que sigue en desacuerdo con el matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo y el aborto?
Todo aquello que destruye la familia está afectando la construcción de los buenos ciudadanos, por eso todas las políticas públicas deben ser transversales a la construcción de la familia, al restablecimiento de la familia, para que desde allí se puedan formar los buenos ciudadanos. A la población LGTBI debe respetársele su condición y dignidad, pero una cosa diferente son las agendas políticas que hay detrás de ellos.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN