Por: Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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Ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Chiriguaná, la Fiscalía 5 delegada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública radicó el escrito de acusación en contra de la alcaldesa de ese municipio, Zunilda Toloza Pérez, procesada por presuntamente realizar actos de corrupción en un contrato de alimentación en el año 2016.
En el documento, el ente acusador develó que formalmente en la fecha que lo establezca el juzgado les imputará a la mandataria, y a la contratista María Concepción Canales Felizzola, los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público por aparentemente orquestar un detrimento patrimonial de más de $300 millones.
Esto en virtud de la suscripción del convenio de cooperación número 005 del año 2016 celebrado entre el municipio de Chiriguaná y la Fundación Humanitaria Camino Verde, representada legalmente por Canales Felizzola, por un valor de $1’580.750.000.oo con el objetivo de “aunar esfuerzos, recursos y experiencia para desarrollo del programa de atención a la población adulto mayor (PAM) para el mejoramiento de la calidad nutricional mediante la entrega de paquetes alimentarios y asistencia profesional”.
Según el ente acusador, la irregularidad del contrató está en las desproporcionalidades en los precios que los implicados realizaron en cada paquete nutricional.
“Encontramos después de haber realizado ese análisis contable desde el estudio de mercado que se hizo de manera juiciosa en estos establecimientos de cadena, que entre el valor que la administración señaló o le atribuyó a cada paquete de $56.100 con los valores que la Fiscalía pudo establecer en estos establecimientos comerciales, la diferencia es de $33.350. Esa diferencia multiplicada por la cantidad de paquetes contratados (8.500), eso arroja una suma de $283’475.000.oo. Al día de hoy se desconoce dónde se adquirieron o quién fue el proveedor de los productos de los 8.500 paquetes nutricionales”, expresa el escrito de acusación de la Fiscalía.
Otra de las presuntas anomalías, según la investigación, es que la contratista Canales Felizzola en su condición de representante legal de la fundación sin ánimo de lucro estaba contractualmente obligada a hacer aportes del orden de $195 millones y a la fecha no haya acreditación que ello haya ocurrido.
Así las cosas estas son las circunstancias fácticas por los que la Fiscalía realizaría la audiencia de formulación de acusación en la fecha que el despacho de Chiriguaná lo requiera. Además propondrá una pena mínima de 12 años de prisión para ambas sin ningún beneficio si en el proceso de juicio son declaradas culpables.
Por estos hechos la alcaldesa de Chiriguaná, Zunilda Toloza Pérez junto con María Concepción Canales Felizzola, habían sido detenidas el pasado 4 de diciembre de 2018 pero un juez las cobijo con medida de aseguramiento no privativa de la libertad.