Este lunes se posesionaron los nuevos secretarios General y de Educación del departamento, Lorena Hernández Dangond y Luis José Rodríguez Torres, respectivamente, quienes asumieron luego de la salida de Jorge Araújo y Jaime Luis Fuentes tras ser sancionados fiscalmente por su responsabilidad en los hallazgos denunciados por la Contraloría, en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante el gobierno de Luis Alberto Monsalvo.
Durante el acto de posesión, el gobernador encargado, Carlos Eduardo Campo Cuello, dio la bienvenida a los nuevos secretarios y manifestó el compromiso que los dos funcionarios ahora asumen para seguir ejecutando el Plan de Desarrollo del gobernador Francisco Ovalle Angarita.
La sanción
El fallo que sanciona a Araújo y Fuentes también cobija al consorcio contratista -integrado por la Fundación ACSI, antes Kabala; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, y la Corporación Corazón País- con el que la Gobernación del Cesar suscribió el contrato en 2015.
Según los estudios hechos por la Contraloría, el contrato estaba acordado inicialmente por una suma de $23.538.2 millones de pesos, pero en el Anexo N° 02 de los estudios previos del contrato se incluía el valor del IPC (índice de precios al consumidor), con un porcentaje del 4,4 %, dentro de los criterios para la determinación del valor de la ración.
Además, se incluyó un 5 % para imprevistos, contemplando un eventual alza en los precios de las raciones y también se contempló en el contrato otro 5 % de utilidad.
Es decir, que según el hallazgo de la Contraloría, en el contrato se calculó el precio de las raciones alimentarias incluyendo no sólo un 4,4 % de incremento a partir del I.P.C., si no que la Gobernación pagó un 5 % adicional previendo eventuales alzas de precios.
El consorcio ya había estado bajo la lupa de MinEducación
En abril de 2016, la entonces ministra de Eduación, Gina Parody, denunció la existencia de tres redes en la operación de alimentación escolar, que en ese momento habían tenido contratos por más de medio billón de pesos en la costa Atlántica y Norte de Santander.
Las redes, según Parody, habían sido detectadas a través de un trabajo desarrollado por el grupo de monitoreo y control del Programa de Alimentación Escolar -PAE-, y de las denuncias hechas por el Ministerio de Educación Nacional.
Entre las mismas, el Ministerio de Educación identificó a Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, quienes por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas habían celebrado, hasta el momento de la denuncia y desde el año 2007, contratos de alimentación escolar por un monto aproximado de $449.613 millones.
Las contrataciones señaladas se habían realizado a través de fundaciones como Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá – CORPERIJÁ, Unión Temporal en los Años Dorados (Wakuzari – Corperijá), Consorcio Años Dorados (Corperijá – Fundación Provenir – Proveer Nuevo Milenio), Consorcio Nuevo País, Asoalimentarce – Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Consorcio Alimentando un Cesar más Educado (Asoalimentarce – Kábala) y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala) y antes (Fundación Pa Todo El Mundo).
Tanto Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, como la Fundación ACSI, antes Kabala; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y el Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, denunciados en esa ocasión por el Ministerio de Educación, fueron sancionadas fiscalmente en el mismo fallo en el que se responsabiliza al exsecretario de Educación del Cesar, Jorge Araújo, y al exsecretario general, Jaime Luis Fuentes, por las irregularidades encontradas en la contratación del PAE en 2015, lo que les costó el retiro de sus cargos por la inhabilidad a causa de la misma sanción.