Después de un mes de paro indefinido, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Asonal, decidió continuar con el paro. A partir de hoy se tomarán medidas estrictas para fortalecer esta manifestación nacional y obligar al Gobierno a sentarse a dialogar con los empleados y buscar una pronta solución.
Hoy la Unidad de Reacción Inmediata, URI, no prestaría el servicio de atención, se cancelaría la inspección a cadáveres a nivel nacional por parte del CTI, no se estarán recibiendo tutelas, habeas corpus y los títulos judiciales que serían obligados pagar a los niños, que se refieren a alimentación no se estarán cancelando.
Así lo manifestó Helberth Alberto Mendoza Jiménez, presidente seccional de Asonal Judicial, quien indicó que la decisión se tomó luego que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lyneth, desentendiera el ultimátum que le impuso la entidad, de sentarse el fin de semana que pasó con los sindicatos de la Fiscalía, o si no a partir del 10 de noviembre de 2014 se cerrarían las URI en toda Colombia.
“El Gobierno hasta el momento, con su silencio, ha dicho no hay solución a los reclamos que estamos haciendo”, dijo Mendoza Jiménez, quien indicó “solamente hubo una reunión la semana pasada con el Ministro, donde pretendía que levantáramos el paro con el asomo de 44 mil millones de pesos con los cuáles solamente se daría un asomo de un mes, a partir del 16 de noviembre hasta el 19 de diciembre para contratar a los juzgados”.
La determinación del CTI es no hacer inspección a cadáveres, lo que implicaría que las autoridades tendrán que buscar a otros organismos que realicen dicha función.
La razones de la protesta
Siete son los puntos en la mesa de negociación por parte de Asonal en Colombia: permisos fiscales, no a la persecución judicial por parte del Gobierno, la continuidad de los despachos de descongestión, que sea de manera peramente y no por contrato cada tres meses por parte del Consejo Nacional de la Judicatura, la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, entre otros.
“Se deben crear más despachos judiciales y nombrar más personal operativo al CTI, Policía Judicial y no se ha hecho, si no lo contrario, donde se han empleado puestos burocráticos de alto nivel; asesores de asesores y no dan una mejoría o alivio a la comunidad”, afirmó el presidente de Asonal Cesar.
Recordó que según el mapa judicial en cada municipio debe crearse un despacho judicial, mínimo una fiscalía local. Esa crítica situación se ve reflejada en el Cesar como en Manure, El Copey, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico y Becerril.
“Se les está diciendo, revoque todo eso y promueva el ascenso dentro de los trabajadores que tienen la experiencia con muchos años de estar laborando en la Fiscalía General de la Nación como los del CTI y todos aquellos que hoy están preparados académicamente y puedan ejercerlos”, afirmó el representante de Asonal en este departamento.
Las reuniones
Para hoy se tiene programada la realización de una asamblea informativa en Barranquilla para medir el personal de esa ciudad que votarán por el sí o por el no de la continuación del paro.
En Bogotá se desarrollará una reunión entre varios senadores, quienes harán acercamiento ante el Gobierno para un posible encuentro.
¿En libertad?
A la congestión carcelaria en Colombia se le suma el paro indefinido de Asonal que determinó que las URI en el país paralizarán sus labores a partir de hoy. Hecho que complicaría los procesos judiciales: los capturados en flagrancia podrían ser dejados en libertad por falta de atención en las unidades de reacción y en los juzgados.
En las URI, especialmente en la de Valledupar, no se recibirán denuncias como tampoco a los detenidos que pongan a disposición los organismos de seguridad como la Policía Nacional.
El paro no es nuevo
En el 2008 Asonal duró 44 días en paro en el segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
En el 2012 Asonal tuvo un paro de 58 días.
Y en esta oportunidad, Asonal pretende superar los 58 días, siempre y cuando el Gobierno así lo desee por la omisión a la notificación de sentarse en la mesa de negociación con los empleados de la rama judicial.
Por Merlin Duarte García/El Pilón
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