A más de un año de haberse declarado en el país la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, la Rama Judicial continuará con las audiencias virtuales en el territorio nacional para atender los diferentes procesos.
El anuncio lo hizo el Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, mediante un oficio en el que acordó que el retorno a las actividades presenciales de los servidores será mínimo del 60 % en cada despacho de magistrado, juzgado, secretaría, relatoría, centro de servicios, oficina de apoyo o dependencia administrativa, donde se deben aplicar las condiciones de bioseguridad para el control de la pandemia.
“Las audiencias presenciales se podrán realizar teniendo en cuenta las circunstancias especiales de cada proceso, las cuales serán definidas por cada corporación, sala, magistrado o juez, con la observancia de los protocolos de bioseguridad. Los consejos seccionales de la judicatura y las direcciones seccionales de administración judicial garantizarán medios virtuales, en las sedes judiciales, a las personas que no tengan acceso a ellos”, consideró el CSJ.
Las demandas, tutelas, acciones, memoriales, oficios, documentos, escritos y otras solicitudes que se envíen a los despachos judiciales y dependencias administrativas, se continuarán recibiendo de forma virtual en la sede electrónica dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura.
“Excepcionalmente se recibirán en físico cuando el usuario encuentre barreras de acceso o cuando manifieste que no cuenta con los medios tecnológicos, también se atenderá presencialmente cuando se trate de actuaciones verbales. En todos estos eventos la dependencia que los reciba procederá a digitalizarlos y remitirlos al competente para que integre el expediente”, acordó el CSJ.
El órgano aclaró que los despachos judiciales, dependencias administrativas y las que atienden público deberán garantizar la apertura de todas las sedes, cumpliendo las medidas de bioseguridad.
Pero los funcionarios, abogados, usuarios y ciudadanía en general deberán cumplir para el ingreso a las sedes los siguientes requisitos: acreditar esquema de vacunación, uso obligatorio de tapaboca, solo ingresar al lugar autorizado, no tener afectaciones respiratorias y cumplir los protocolos de bioseguridad.
El abogado litigante Luis Alfonso Freite Mendoza asimiló la medida con optimismo al considerar que desde que se impuso la virtualidad ha visto mayor agilidad en los procesos bajo su cargo.
“Es positivo por varias razones, la primera por el derecho a la salud y a la vida que tienen los funcionarios que son longevos y que llevan años sirviendo a la justicia, por lo que debe haber para ellos garantías, al igual que los abogados y las personas adultas que concurren al Palacio de Justicia. Creo que acierta el Consejo Superior de la Judicatura. Segundo, la virtualidad ha permitido que el flujo de negocio sea mayor, yo he tenido mayor representación judicial desde la virtualidad que la presencialidad”, precisó el jurista de Valledupar.
Sin embargo, reconoció que la dificultad para esta metodología son los ciudadanos que carecen de las herramientas tecnológicas para acceder a la administración de justicia.
“Específicamente los familiares del procesado que muchas veces se quejan no tener acceso a las audiencias porque en algunas casas no hay internet y en otra ocasión lo hay, pero desconocen cómo acceder a la audiencia en las aplicaciones”, puntualizó el abogado.