Cuatro puntos enfocados al pie de fuerza y la judicialización de los delincuentes son las estrategias que a corto plazo comenzarán a aplicar las autoridades administrativas para mejorar la seguridad en la capital del Cesar.
La primera será el traslado de 60 efectivos de la Policía Nacional hacia la ciudad para que presten servicio en puntos críticos.
“Vamos a establecer una hoja de ruta para penetrar los barrios más difíciles y álgidos de la ciudad para que de esta manera hagamos presencia y mostremos resultados”, explicó Mello Castro, alcalde municipal.
De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía, los mayores problemas en materia de homicidio y microtráfico están en las comunas uno y cinco, conformadas por los barrios El Carmen, Las Palmas, San Antonio, La Nevada, Nuevo Amanecer, entre otros.
A estos se le suman los barrios subnormales o invasiones como Singapur, Brisas de la Popa, La Macarena, Nueve de Marzo, el Pescaito y Tierra Prometida, donde no solo converge la disputa por la venta de droga sino también del territorio. De hecho, de los 98 homicidios documentados por el Instituto de Medicina Legal, la mayoría tuvieron como escenarios estos sectores.
En cuanto a los hurtos en la ciudad, según la Fiscalía, se registraron 2.784 casos en el 2021, una cifra considerable si se tiene en cuenta que no todos los hechos son denunciados.
En consecuencia, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, consideró que era necesario mejorar los patrullajes.
“Se hace la segunda propuesta de avanzar el próximo miércoles en la entrega de 40 motocicletas al Ejército Nacional para que con el 50% de estas empecemos a patrullar los barrios de la ciudad, este es un compromiso institucional”, aseveró Esquivel.
Otra acción está dirigida a agilizar las indagaciones sobre los robos recientemente ocurridos para capturar a los delincuentes y presentarlos a la justicia, una medida que estará acompañada de otra como la entrega de recompensa para los ciudadanos que brinden información.
“La Policía Nacional se compromete a realizar con la Fiscalía unas mesas técnicas judiciales con el objeto de revisar todos los casos que se han presentado, más los que ya tenemos que son los 493 capturados durante este año, de los cuales 125 fueron precisamente por hurto”, manifestó el mayor general Herman Bustamante.
Agregó que era importante comenzar a aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana sancionada el pasado 26 de enero por el presidente Iván Duque.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Con esta se pretende agravar algunas conductas delictivas en la justicia como, por ejemplo, quien asesine a un miembro de la Fuerza Pública, a un defensor de derechos humanos, a un menor de edad o periodista recibirá la pena más alta contemplada en la ley para este tipo de delitos, es decir hasta 58,3 años de prisión.
Además, tiene en cuenta otros parámetros como la reincidencia, que es común en los ladrones, para que este factor pese en la pena del delincuente.
Con la ley, el porte de arma blanca sería un delito y se entrarían a regular las armas que son menos letales.
De igual manera, se tendrán en cuenta penas altas para las personas que atenten contra la infraestructura destinada para la seguridad ciudadana.