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Personero de Valledupar negó haber pedido renuncia a sus auxiliares

El personero Silvio Alonso Cuello lleva más de un año en el cargo e insistió en que no ha pedido la renuncia de sus auxiliares. FOTO JOAQUÍN RAMÍREZ.

Ante el polémico rumor de una renuncia masiva de personeros auxiliares en Valledupar, con fines al parecer políticos, el personero municipal Silvio Alonso Cuello Chinchilla salió al paso para aclarar que a ninguno de ellos les ha pedido el cargo.  

Precisó que hasta la mañana de este lunes no tenía carta de renuncia de alguno de los cuatro funcionarios que laboran en las sectoriales de salud, víctimas, educación y servicios públicos domiciliarios en la capital del Cesar. 

“Lo que exijo es trabajo porque he tenido problemas con personas en la ciudad que piden resultados y ahí se ve afectado el nombre de la Personería con relación a muchos temas. Por eso, a los cuatro (personeros auxiliares) los llamé, nos sentamos y dialogamos, pero lo que pedí es trabajo y jamás he solicitado la renuncia a ninguno; ahora si alguno quiere hacerlo y la presenta voluntariamente ya no puedo hacer nada”, aseveró Cuello.  

Sin embargo, por fuentes cercanas a la entidad trascendió que Cuello Chinchilla aparentemente había pedido de manera verbal la dimisión de los auxiliares para pagar compromisos políticos. 

Estos cargos son de libre nombramiento y remoción, es decir, la entidad puede disponer del puesto confirmando o retirando al empleado, pero de acuerdo con el abogado José Ángel González Cruz, especialista en derecho laboral, la renuncia de los funcionarios no se puede pedir sin motivo de peso. 

“Por ejemplo se puede dar cuando se decida hacer un concurso de mérito y haya elegibles para ejercer los cargos, que son funcionarios de carreras administrativas, esa es una causal objetiva y legal; o que se declare la insubsistencia del trabajador, es decir que no cumpla a cabalidad con sus funciones”, explicó el jurista consultado por EL PILÓN, quien hace parte de Guerra Abogados Estudio Jurídico. 

LA LEY DE GARANTÍAS 

Asimismo, este 29 de enero comienza a regir la Ley de Garantías por las elecciones legislativas y presidenciales que se llevarán a cabo en el país, lo que significa que está prohibido celebrar o renovar contratos directos, salvo en algunas excepciones.

“A los nombramientos de libre remoción los cubre la Ley de Garantías, la cual prohíbe la celebración de contratos directos antes de las elecciones. De todas maneras, tocaría entrar a revisar a profundidad la naturaleza de los cargos y el tipo de contratación, pero en principio esta ley sí los cubre”, aseveró González Cruz. 

Categories: Política
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