La cifra que el exalcalde Jhony Pérez Oñate exige como pensión de jubilación, supera los mil millones de pesos, según el control de advertencia que hace la Contraloría Municipal a Valledupar, luego de una investigación basada en los informes de auditoría practicados al Municipio.
La Contraloría advierte que otorgar esta millonaria pensión al exalcalde, constituye un detrimento patrimonial puesto que Pérez Oñate no cumple con los requisitos para recibir la cifra que está exigiendo, a través de apoderado y mediante sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar, el 15 de enero de 2013.
El exalcalde había solicitado la pensión de jubilación a la Alcaldía en el año 2007, en cabeza de Ciro Pupo Castro; solicito reconocimiento, liquidación e indexación, y reajuste de la pensión de jubilación y el pago de las mesadas pensionales desde que es posible, es decir, a partir del 8 de diciembre de 2002.
El control de advertencia de la Contraloría, indica que Pérez Oñate cumplió 55 años, el 8 de diciembre de 2002, tiempo después de haber ocupado el cargo como alcalde de Valledupar, acciones que fueron rechazadas por los abogados del exalcalde, argumentando que son 20 años de servicio al Estado en diferentes entidades descentralizadas.
Pérez Oñate fue funcionario del antiguo Inderena, Diputado del Cesar entre 1987 y 1988, nuevamente entre los años 92 y 94; Representante a la Cámara entre 1990 y 1991, finalmente, Alcalde de Valledupar entre 1998 y 2001.
“El control está instando a la administración municipal para que de forma inmediata aborde el tema a través de acciones que ellos determinen unilateralmente y bajo su responsabilidad, a fin de evitar el daño patrimonial que hasta este momento puede ser superior, según la sentencia, a mil millones de pesos”, dijo Mercedes Vásquez, contralora Municipal.
El exalcalde se encuentra privado de la libertad, mediante detención domiciliaria en Valledupar, lugar desde donde es asistido por abogados para lograr obtener la pensión de jubilación que el Municipio tendría que pagar, en detrimento al patrimonio público, según la investigación de la Contraloría Municipal.
Por Andrés Llamas Nova
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