Los partidos políticos deberán desmontar las publicidades políticas instaladas en los sitios prohibidos para este fin en Valledupar. La Secretaría de Gobierno Municipal recibirá un informe de la Procuraduría General de la Nación que así lo certifica.
El Ministerio Público encontró las anomalías cuando hacía seguimiento al decreto 000018, emitido por la Alcaldía de Valledupar el 11 de enero, con el cual se busca la protección del paisaje urbano, al tiempo que establece un marco de equidad para todos los partidos, movimientos políticos y sociales, determinando la forma, característica, lugares y condiciones para la fijación de propaganda electoral.
El Partido de la U, el Conservador y Centro Democrático aparecen con un número mayor de las 16 vallas comerciales en el casco urbano de la capital del Cesar, investigación basada expresamente en las avenidas principales de la ciudad.
Lo legal, según la norma, es que los partidos tengan 16 vallas en el casco urbano y 14 vallas en zona corregimental, un aviso por fachada en cada una de las sedes políticas, sin que estas lleguen a superar el 30 % del total del área de la fachada y cuatro carros valla.
Sin embargo, una comisión de seguimiento electoral del Ministerio encontró que por los conservadores existen 18 vallas, mientras que La U y el Centro Democrático tienen 17. En cambio, los liberales que solamente han colocado ocho vallas y Cambio Radical 12.
Esta investigación además destaca que candidatos como Melkis Kammerer, José Alfredo Gnecco, Alfredo ‘Ape’ Cuello, José Eliécer Salazar, tienen publicidad en lugares prohibidos como glorietas, en cercanía a instituciones educativas, entre otros sitios.
La violación al decreto de regulación en propaganda política incluye primero una obligatoria en el retiro de las lonas y luego una investigación que puede terminar en la parte sancionatoria, en la que se ven expuestos los representantes y candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República.
En la norma se hace especial hincapié a la cantidad de elementos publicitarios permitidos por partidos y movimientos políticos, sociales y grupos significativos de ciudadanos.
El secretario de Gobierno, Gonzalo Arzuza Torrado, indicó que las disposiciones obedecen a lo estipulado en el artículo 29 de la ley 130 de 1994, que asienta la responsabilidad de los alcaldes y registradores de regular las condiciones para la fijación de propaganda electoral.