El Juzgado Quinto Penal del Circuito con función de Conocimiento condenó a 23 años de prisión a Luis Carlos Guerrero Esmeral, acusado de atacar con más de 20 puñaladas a su excompañera sentimental, Kelly Liceth León Tejada, en medio de una discusión en un inmueble ubicado en el barrio Aida Quintero del municipio de Codazzi, Cesar.
La sentencia fue proferida por el delito de feminicidio agravado en calidad de tentativa, endilgado por la Fiscalía. La pena pudo ser mayor de no ser porque Guerrero Esmeral decidió allanarse a los cargos mediante un preacuerdo que su defensa celebró con el ente acusador.
Los hechos por los que deberá responder sucedieron el 14 de mayo de 2018. Según la investigación, Kelly Liceth León Tejada no quiso dormir junto con Guerrero Esmeral, quien ante la negativa la atacó con arma blanca.
La mujer sufrió las heridas en el cuello, los senos, la espalda, la oreja y miembros inferiores. Por eso, fue trasladada al centro de salud municipal y posteriormente remitida a una clínica de mayor nivel en Valledupar, donde estuvo por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.
Guerrero Esmeral, por su parte, intentó suicidarse, por lo que resultó lesionado en distintas partes del cuerpo.
La femenina con anterioridad era sometida a maltrato físico, psicológico y verbal por parte del hombre, quien se rehusaba a dar por terminada la relación de pareja y a marcharse de la vivienda en la que ambos convivían.
“La violencia que recayó sobre la víctima fue una constante antes de los hechos que ocupan la atención de este despacho y ello a través de formas de violencia verbal al interior del hogar. El reproche penal entonces que se le realiza al señor Luis Carlos Guerrero Esmeral tiene su fundamento en la censura social y jurídica respecto al delito de feminicidio como la mayor expresión de violencia contra la mujer”, relató la juez en la lectura de la sentencia.
Guerrero Esmeral fue detenido en el mes de junio del 2018 en un operativo de las autoridades. Fue judicializado e inicialmente se declaró inocente, pero durante el proceso optó por reconocer su responsabilidad.
“Las agresiones físicas, sexuales y psicológicas en desconocimiento de la dignidad humana constituyen violencia de género contra las mujeres. Los organismos unilaterales, así como sus competencias, han creado instrumentos normativos que son de obligatorio cumplimiento para los Estados a fin de generar conciencia alrededor de los tratos desiguales y discriminatorios acaecidos por la comunidad”, puntualizó la administradora de justicia.