El excoronel Juan Carlos Figueroa Suárez, quien fue comandante del Batallón de Artillería Nº2 La Popa, será llevado a juicio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por presuntamente participar en las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cesar.
Su caso pasó a la Unidad de Investigación y Acusación UIA de la JEP, por no admitir su responsabilidad en los hechos indagados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, los cuales constituyeron igualmente crímenes de lesa humanidad y de guerra.
La decisión se da después de que la Sala decidiera negar una solicitud de nulidad invocada por el compareciente frente al Auto 128 de 2021, por medio del cual lo habían llamado a reconocer cargos.
A Figueroa lo responsabilizaron de 52 ‘falsos positivos’ que sucedieron bajo su mando, cuando era comandante del Batallón La Popa entre los años 2004 y 2005, periodo en que precedió a su homólogo Publio Hernán Mejía Gutiérrez.
Según la JEP, Figueroa se valió de su cargo y rango para impartir órdenes que se materializaron en asesinatos y desapariciones forzadas de personas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Estas órdenes fueron aparentemente ejecutadas por un grupo que se formó dentro del cantón militar para cometer los homicidios y presentarlos como resultados operacionales.
Además, Figueroa habría implementado un complejo dispositivo de estímulos y presiones que habrían estimulado las muertes. Al tiempo que, de manera deliberada, presuntamente omitió la adopción de medidas y controles.
Junto a él fue imputado Publio Hernán Mejía, quien tampoco reconoció responsabilidad y enfrentará un juicio en el que se expone a pagar una condena de 20 años.
Los únicos que aceptaron cargos fueron 11 militares señalados de participar en la muerte de 127 ciudadanos para hacerlos pasar como guerrilleros en combate. Estos son el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia; el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
Otro que aceptó los cargos fue el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, exjefe de operaciones del Batallón La Popa.
“Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez [sic] de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. Pido perdón a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios”, precisó Gutiérrez en el documento presentado en días anteriores.
¿QUÉ SIGUE AHORA?
Los que no enfrentarán juicio, tienen que comenzar un proceso restaurativo para preparar la audiencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad.
En consecuencia, la JEP ordenó las siguientes actividades durante los próximos cuatros meses: realizar acciones pedagógicas del proceso adelantado en el caso 03, subcasos Norte de Santander y Costa Caribe; identificar las expectativas y valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad que deben presentar los máximos responsables en una audiencia pública; realizar encuentros restaurativos privados entre víctimas y comparecientes, y preparar la formulación de propuestas de la sanción propia a que haya lugar.