Ayer avanzó audiencia de legalización de captura contra una sustanciadora del Juzgado Segundo Penal municipal con funciones de control de garantías, capturada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en cumplimiento de una orden librada por la Fiscalía 12 Seccional por el sonado caso de la defraudación de Colpensiones. Aunque la audiencia era pública, esta se desarrolló a puertas cerrada en una de las salas del cuarto piso del Palacio de Justicia, en donde le habrían imputado el cargo por el delito de cohecho a la abogada, Ana Dílian Fonseca Mejía, a quien los investigadores trasladaron esposada. Según las autoridades judiciales el delito de cohecho significa el de dar, o recibir dinero para favorecer, modificar un fallo, al igual que para agilizar cualquier proceso investigativo.
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Cabe recordar que, en este mismo hecho en el que el sistema pensional resultó afectado económicamente, se encuentran algunos detenidos en la Cárcel Judicial, otro en prisión domiciliaria. Se trata de los siguientes profesionales: Eduardo Urbano Marrugo Castrellón, Carlos Arturo Montero Araujo, Mariano de Jesús Amaris Consuegra, Yamile de Jesús Pérez Domínguez, Manuel de Jesús Altamar Colón, Gilmar Silvero Linero, Emiliani Said Baines Ferrer, José Miguel Meléndez Vega y Jean Carlos Miranda Isaza. La vista pública estuvo a cargo del Juzgado Segundo Penal del circuito ambulante Bacrim y al cierre de esta edición, se desconocía la situación jurídica de la nueva implicada en ese proceso, toda vez que no fue permitido el ingreso de los medios de comunicación, sino de solo de los familiares.
Por Abdel Martínez Pérez / EL PILÓN
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