Este 16 de marzo comenzó la segunda legislatura en el Congreso de la República, en la que se debaten proyectos de ley y donde también llegó a la mesa la polémica propuesta que radicó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el representante a la Cámara Christian Garcés, del mismo partido. La propuesta cuenta con el apoyo de doce congresistas, quienes consideran que las normas existentes restringen de manera radical la posibilidad de acceder a un arma de fuego para defenderse ante el crecimiento de la inseguridad y la criminalidad.
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Uno de los artículos del proyecto señala que las autoridades encargadas de este tema, en un mes calendario, deberán entregarle al ciudadano su permiso de tenencia o porte de armas para su defensa personal, y 90 días para armas deportivas y de colección.
A propósito de la iniciativa, en el Cesar las opiniones están divididas. “La propuesta es contradictoria a la historia reciente en Colombia”, señaló Hamilton Fuentes, periodista y magister en Sociología Política y del conflicto, quien considera que la justicia por mano propia nunca ha sido buena idea y que los ciudadanos de Valledupar y del país deben avanzar hacia la construcción de paz y armarlos es una iniciativa generadora de violencia.
Por su parte, ganaderos de la región apoyan el proyecto de ley porque, afirman, se sentirían más seguros, por supuesto, todo bajo el control de las autoridades encargadas. Este gremio ha sido uno de los más afectados por el abigeato, los secuestros y las extorsiones, razón por la que respaldan la iniciativa.
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Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, aseguró que armar a Colombia no es el camino, porque respetan el Estado social de derecho constitucional, donde la exclusividad de estos elementos debe estar a cargo de las Fuerzas Armadas del país.
En Valledupar y la región, según información de la Policía del Cesar, en el año 2020 los indicadores de inseguridad aumentaron culpa de la delincuencia común. El medio más utilizado para cometer los delitos son las armas de fuego. En cuanto a las modalidades, el 50 % de los casos fue por sicariato, 30 % riñas y 20 % atracos. Por lo cual, Carlos Cotes, exsecretario de Gobierno del Cesar, expresó que se debe disminuir la criminalidad con programas sociales en los barrios a través de las instituciones del Estado.
El Gobierno del presidente Iván Duque, por su parte, respondió negativamente ante la iniciativa de Cabal y Garcés, señalando que la política del mandatario es clara y la idea es desarmar a los colombianos, por lo que “tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, jamás un derecho”, argumentó Rafael Guarín, consejero presidencial de la Seguridad Nacional.
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En su propuesta, la senadora Cabal resaltó que los colombianos están pidiendo poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos; pero las críticas a la iniciativa no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que varios expertos en seguridad han resaltado que la legalización de esta propuesta aumentaría la taza de asesinatos en el país.
Finalmente, países como Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Suiza, Israel, entre otros, garantizan el porte legal de armas con el fin de salvaguardar la seguridad y la legítima defensa de sus ciudadanos. Sin embargo, en Estados estas normas están bajo permanente cuestionamiento por los constantes tiroteos y la facilidad para acceder a armas de largo alcance.
Por: Ketty Gutiérrez