Bajo la premisa de que serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra frente a lo acordado entre los negociadores del gobierno nacional y las Farc, se coordina actualmente en el país la legislación que permitirá refrendar a la ciudadanía el acuerdo de paz en las urnas a través del plebiscito, contemplado en la Constitución Nacional.
Es por ello que voces de personajes cesarenses que han vivido en carne propia las inclemencias del conflicto armado, opinaron en EL PILÓN sobre qué tan conveniente sería la implementación del plebiscito por la paz.
Antonio Calvo, ex asesor de paz del Cesar y defensor de derechos humanos, comentó que “el plebiscito sería la validez de los acuerdos de paz entre el gobierno y las fuerzas irregulares que aparezcan como contendientes en la guerra, pero no es un requisito. Constitucionalmente los derechos humanos y la paz son un derecho fundamental, no son susceptibles de ser sometidos a la refrendación pública porque los derechos humanos simplemente existen porque constituyen valores supremos de los seres humanos, por eso no son un requisito que se exija que un acuerdo de paz que se haya celebrado, lleve un plebiscito”.
Precisó Calvo que lo bueno del mecanismo es que convoca a los ciudadanos a la participación masiva en un tema tan fundamental, como es la construcción de la paz, “especialmente dentro de la concepción que tiene el gobierno de la misma, que es la paz territorial, desde esa perspectiva tendría una connotación del ciudadano participando en los territorios, que es absolutamente pertinente”.
Por su parte, Rodolfo Quintero, excandidato a la Alcaldía de Valledupar, por el partido verde, está de acuerdo con que se dé este plebiscito, apoyado en un blindaje jurídico de los acuerdos de paz “porque históricamente lo que ha hecho el Estado es incumplir los acuerdos con las comunidades desde la época de la Revolución de los Comuneros de 1781; además un blindaje político que lo da la consulta al pueblo colombiano. Creo que es un buen mecanismo que debe apoyarse masivamente, como en 1957 cuando se pactó el freno a la violencia liberal-conservadora”.
Sin embargo, voces como la de José Luis Urón, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, señalan que el preámbulo de la Constitución y su artículo segundo faculta al presidente de la República para hacer las gestiones en búsqueda de la paz, por lo que no necesita refrendarlo con el pueblo.
“Creo que el presidente está haciendo demasiado desgaste y la decisión del pueblo es importante, pero él legalmente y constitucionalmente tiene la facultad para hacerlo. Creo que esto se da tratando de convocar al pueblo para fortalecer la decisión final, pero esa es una decisión del presidente, que respetamos pero en cierta forma consideramos que tiene gastos adicionales y esto puede tener dificultades por la forma como están divididas las opiniones sobre la negociación. La paz es un derecho de los colombianos y el Estado está en la obligación de garantizar la vida y los bienes de los colombianos”.
Entre tanto, Javier Claro, líder de la Corporación Aguachica Modelo de Paz, manifestó que su municipio hace 20 años le apostó a la paz mediante el voto popular en consulta, por eso allí el pasado 17 de diciembre, al conocer las intenciones del gobierno nacional para realizar el plebiscito por la paz, se hizo un primer encuentro comunitario por el sí a este mecanismo de refrendación.
“Esto tiene que refrendarse en las urnas, que sea una consulta vinculante y no sea simplemente un sí al gobierno de Santos, tiene que ir más allá, que sea un mandato ciudadano frente a la dejación de armas. Ojalá en Colombia, así como ocurrió en Irlanda del Norte donde un 94% de la población aprobó el acuerdo de paz, se dé esto”, explicó.
El tema del no es nuevo en Colombia, en 1957 se aplicó por primera vez un plebiscito en el país, para refrendar los acuerdos de cese a la violencia entre liberales y conservadores.
Por Jennifer Del Río Coronell
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