Controversia por decisión judicial:
BOGOTA (AP). La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió el viernes al gobierno del presidente Alvaro Uribe “acatar y respetar” la condena impuesta esta semana contra el coronel retirado del ejército, Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de al menos 11 personas, tras el sangriento asalto rebelde y retoma por las autoridades del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
“Exhorto al gobierno de Colombia a acatar y respetar la sentencia. Asimismo, solicito al gobierno colombiano adoptar todas las medidas necesarias para continuar garantizando la seguridad de la Jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas”, dijo Pillay en el comunicado divulgado en un correo electrónico desde Ginebra.
La jueza Jara condenó el miércoles a 30 años de cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, de 65 años, por el delito de desaparición forzada en el caso del Palacio de Justicia, que había sido tomado por rebeldes del Movimiento 19 de Abril (M-19), grupo más tarde pacificado y al que se le otorgó una amnistía en 1989.
Aunque la condena a Plazas, quien ha negado cualquier relación al caso de los desaparecidos, es apelable, Uribe criticó el fallo alegando que mientras los insurgentes estaban libres, los condenados eran los militares. Uribe, cuyo gobierno culmina el 7 de agosto, dijo que se debería trabajar en una ley que brinde protección a los militares. Agregó que fallos como el de la jueza Jara eran “desestimulantes” al trabajo de la fuerza pública.
En la jornada en un encuentro con estudiantes en Rionegro, en el nroeste del país, Uribe, sin embargo, precisó que se debe “proteger” el proceso de paz con el M-19. “En medio del dolor que tenemos en las Fuerzas Armadas de Colombia por la sentencia …inspirados nosotros en la necesidad de que todos los colombianos apoyemos la abnegada labor de nuestra fuerza pública, me permito hoy, desde la Universidad Católica del oriente antioqueño, proponer a mis compatriotas una reflexión: el proceso de paz con el M-19 fue un paso muy importante para Colombia. Ese proceso lo tenemos que proteger”, dijo Uribe, citado en un comunicado de la presidencia.
“Compatriotas, el proceso de paz con el M-19 no se puede poner en riesgo”, dijo Uribe.
Como Uribe había criticado el fallo, parientes de las víctimas del Palacio le dijeron la víspera en una carta pública abierta que si deseaba el procesamiento de los ex rebeldes, que acudiera a los mecanismos legales para revertir la amnistía, lo que el Presidente pareció descartar en la jornada.
Uribe era senador y apoyó la ley que amnistió al M-19 hace más de dos décadas.
Por su parte, el comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, en una ceremonia en Bogotá, dijo a reporteros que la decisión de la jueza contra Plazas Vega debía ser respetada, tanto como el proceso de paz con la guerrilla.
“Al M-19 el pueblo colombiano, el gobierno de ese entonces a nombre de ese pueblo colombiano, siguiendo unos parámetros de justicia, lo amnistió. No podemos echar atrás, ha sido benéfica esa amnistía, el M-19 se incorporó a la sociedad colombiana, el M-19 está dando la batalla desde su punto de vista político”, dijo Padilla.
Amnistía Internacional dijo que el gobierno no debe proteger a los militares vinculados a casos de abusos de derechos humanos. “Proteger a las fuerzas de seguridad de las investigaciones sería una burla para el gobierno que dice ser serio sobre la lucha contra la impunidad”, aseguró AI en una nota enviada a los medios en un correo electrónico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la víspera que otorgó medidas de protección a la jueza Jara debido a amenazas anónimas contra su vida.