Por presuntas irregularidades en un contrato por $20.453.932.366 para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en La Guajira”, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de la exgobernadora de ese departamento Oneida Rayeth Pinto Pérez.
El Ministerio Público cobijó por estos mismos hechos a la exsecretaria de Educación Bely Gnneco; al exdirector Operativo Gilbert Meza Cerchar; y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza.
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Es así como el órgano de control investiga la existencia de una posible falta disciplinaria de los exfuncionarios por su participación de la Licitación Pública 033 de 2015, que conllevó a la firma del contrato 009 del 8 de marzo de 2016, con la empresa Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics).
Según el Ministerio Público, se habrían desconocido los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que el proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera.
Reprocha la Procuraduría que la posible restricción probablemente ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la entidad no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas y elegir la más favorable.
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Recordó que los investigados tenían el deber de verificar que el proceso fuera adelantado siguiendo las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales. La Procuraduría considera que en este caso los exfuncionarios pudieron haber cometido una falta gravísima, a título de culpa gravísima.