El procurador general, Fernando Carrillo, anunció que dentro de la campaña “Van electoral”, llegará al departamento del Cesar una comisión para recibir quejas y denuncias sobre los posibles abusos de candidatos y partidos políticos en las elecciones del próximo 27 de octubre.
El jefe del Ministerio Público advirtió que el órgano de control busca determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias de candidatos que participen en actividades proselitistas, estando en ejercicio de un cargo público.
El Cesar hace parte del primer grupo que visitará la comisión, junto al despliegue de funcionarios del Ministerio Público que se hará en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Santander.
En el departamento del Cesar, la comisión estará en Valledupar el 17 de septiembre, el siguiente día llegará a El Copey y Bosconia, atendiendo las quejas por proselitismo de funcionarios públicos, abusos electorales y faltas en el proceso electoral de octubre.
INVESTIGACIONES
A nivel nacional ya se abrieron las primeras investigaciones y sanciones. Se abrió investigación disciplinaria y se ordenó la suspensión provisional por tres meses del alcalde de San Martín de Loba (Bolívar), a la gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico), al personero de Tabio (Cundinamarca), por presunta participación en política; y al mandatario local de Pedraza (Magdalena), por supuesta trashumancia electoral.
Dentro del mismo proceso, se conoció que abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Planeación de la Alcaldía de Villavicencio (Meta); la directora de Ordenamiento Territorial y la secretaria de Gestión Social y Participación Ciudadana, por presunta participación indebida en política.
En el caso nacional y en su visita al Cesar, se estudiarán las pruebas que se presenten con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que se cometieron y el perjuicio que pudo causar a la administración pública.
La participación política de los servidores públicos es contada como una falta disciplinaria. Los servidores públicos tienen prohibido intervenir en política, utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos políticos, así como para presionar a particulares o subalternos a respaldar una campaña política.
Finalmente, la entidad reveló que alista una aplicación móvil para que los ciudadanos puedan reportar la publicidad política publicidad ilegal.
POR: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
defancaro1392@gmail.com