Otras nueve personas, entre médicos, abogados, tramitadores y trabajadores de una multinacional, que certificaron enfermedades psiquiátricas y físicas para pensionarse, fueron capturados por el CTI de la Fiscalía en varias ciudades de la Región Caribe, con el que las autoridades pretenden poner al descubierto todos los eslabones de la cadena criminal que afectó los recursos públicos del sistema pensional.
Así mismo, ellos habrían permitido que un grupo de trabajadores se pensionara por invalidez sin tener limitaciones físicas, ni cumplir los requisitos para alcanzar ese reconocimiento. Entre los capturados figuran: en Barranquilla, Mario Alberto Alarcón Pabón, abogado; Rolando José Vargas Russo, fisiatra; Patricio Antonio García de Caro, psiquiatra y Sandra Patricia González Atencio, presunta tramitadora. En Santa Marta, apresaron a Alberto Manjarrez Álvarez, trabajador de multinacional y presunto tramitador, y en Valledupar fue capturada de María Carolina Ovalle García, estudiante de décimo semestre de derecho y presunta tramitador.
Según la Fiscalía, estas personas al parecer hacen parte de una organización que, con la supuesta expedición de certificaciones médicas falsas y trámites ante Colpensiones y algunos fondos privados, lograron que empleados de tres multinacionales mineras obtuvieran niveles de incapacidad física o psiquiátrica superiores al 50%, lo que les permitió jubilarse.
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Los detenidos, cumplían diversos roles y estarían estrechamente ligadas a otros 12 capturados hace apenas 40 días, en la primera fase de la operación denominada ‘Frenocomio’, a quienes un Fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública les imputará los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y fraude a resolución judicial. Los investigadores recaudaron importante material probatorio que permitirá individualizar a funcionarios y otros presuntos involucrados en esta modalidad de defraudación al sistema pensional que podría superar los $90 mil millones.
Gracias a testimonios, controles técnicos a comunicaciones, inspecciones, agentes encubiertos, entre otras técnicas investigativas avaladas judicialmente, la Fiscalía constató que varios empleados con limitaciones físicas leves, al parecer, contactaron a los señalados integrantes de esta estructura para que intervinieran y lograran que la Junta Regional de Calificación de Colpensiones en Cesar, les certificara un elevado porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por enfermedad psiquiátrica o una patología general permanente. Un grupo de médicos de diferentes especialidades, algunos funcionarios de Colpensiones y trabajadores de las multinacionales mineras, supuestamente, preparaban y expedían la documentación, las declaraciones y otros trámites falsos que daban apariencia de legalidad al ilícito.
Ayer en horas de la tarde se llevó a cabo la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos en el Palacio de Justicia de Valledupar, hasta donde fueron trasladados. Hoy Jueves continuará la vista pública en medio de expectativas.
Por Abdel Martínez Pérez / EL PILÓN
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