A través de un comunicado, la defensa de la primera gestora Cielo Gnecco defendió la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva que se había proferido en su contra.
“La revocatoria se ajusta estrictamente a los lineamientos legales como producto de una adecuada y objetiva valoración de las pruebas que obran en el expediente, sin que la misma haya sido objeto de ningún acto contrario a la ley, lo que ratifica su absoluta inocencia frente a los graves hechos que se le atribuyeron en la providencia que dispuso su orden de captura”, señaló el abogado José Luis Barceló, defensor de Cielo Gnecco y el detenido gobernador Luis Alberto Monsalvo.
La defensa aseguró que la orden de captura se profirió contrariando “los presupuestos legales propios del ámbito de validez de la aplicación de las normas penales en el tiempo, como los requisitos de una adecuada valoración de las evidencias aportadas al proceso”.
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Para el exmagistrado, “las pruebas sobrevinientes ratifican que no existe mérito alguno para restringir la libertad de la señora Cielo Gnecco y, en legalidad, lo que correspondía era revocar dicha medida como en efecto ocurrió”.
Además, sostuvieron que ante la determinación de la Fiscalía General de la Nación de entregar el proceso a otro funcionario, la defensa corroborará “legal, jurídica y probatoriamente que la señora Cielo Gnecco Cerchiaro es ajena a los delitos imputados”.
CASO
El pasado 31 de octubre, la Fiscal Quinta Especializada de Valledupar ordenó revocar la orden de captura en contra de la primera gestora, luego de una solicitud de la defensa. Cabe recordar que para enero de este año, en primera instancia la Fiscal Quinta se abstuvo de ordenar la captura de la primera gestora, medida que fue revocada el 6 de octubre por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior, quien le impuso medida de aseguramiento.
El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que la fiscal quinta tomó la decisión de forma inconsulta, por lo que el director seccional del Cesar “ya compulsó copias para que sea investigada ante la Dirección Nacional Anticorrupción”. Además, el proceso fue reasignado a la Dirección Nacional de Derechos Humanos.
Por Deivis Caro