El Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos del exalcalde de Codazzi, Luis Vladimir ‘Luchito’ Peñaloza Fuentes, investigado por presuntamente exigir coimas a un contratista del municipio durante su periodo administrativo.
La petición la había presentado el abogado William García de Luque, alegando que se había cumplido el tiempo para dar inicio al juicio de Peñaloza Fuentes, acusado de los delitos de peculado por apropiación agravado y concusión.
Pero la juez consideró que no existían méritos jurídicos para que obtuviera la libertad, pues algunas audiencias no se materializaron por problemas de conexión del mismo abogado.
“Advertimos que esa contabilización de problemas de conexión frente a esos aplazamientos que se hicieron… no son necesariamente para que se tengan como una causa razonable cuando una persona está privada de la libertad. No podemos acoger los planteamientos de la defensa”, manifestó la juez Lourdes Toncel.
Señaló, además, que el despacho judicial en el que cursa el pleito ha aplicado el principio de celeridad, base fundamental de la administración de justicia.
El procurador penal, José Javier González, y el fiscal 5 seccional, Johan Ustáriz Buendía, se habían opuesto a esta petición tras alegar también que el atraso en el proceso en parte correspondió por la defensa.
‘Luchito’ Peñaloza está privado de la libertad desde el 21 de noviembre de 2019. Primero estuvo en la Cárcel Judicial donde después de varias solicitudes logró salir el pasado mes de marzo con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Así lo decidió en su momento el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Control de Garantías al acoger los planteamientos del abogado William García, quien aseguró que su protegido se encontraba con problemas de salud que imposibilitaban que continuara en la cárcel.
El exmandatario de Codazzi tiene varias investigaciones en su contra pero hasta ahora en los estrados judiciales han prosperado dos.
En la primera es señalado por la Fiscalía de pedir millonarias comisiones al contratista Otoniel Ariño Urbina por las obras que adelantaba en Codazzi entre los años 2016 y 2018. Y en la otra es responsabilizado de apropiarse de un dinero de un contrato destinado a la obtención de herramientas pedagógicas para la población infantil de los colegios del mismo municipio.