El Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías negó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento pedida por la defensa del fiscal de Aguachica, Eduardo José Cabello Baquero, procesado por presuntamente orquestar en compañía de otros funcionarios actos de corrupción en el mismo municipio del Cesar en donde ejercía sus funciones.
El togado consideró que no se cumplían los fines constitucionales suficientes establecidos en el Artículo 308 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, donde se establece que para dictar o revocar una medida de aseguramiento se debe tener en cuenta que si el incriminado representa un peligro para la sociedad obstruirá el debido proceso y no comparecerá durante este.
La decisión el despacho la dio a conocer en el marco de la continuación de la audiencia de revocatoria de medida que inició el 26 de noviembre y finalizó recientemente tras ser suspendida en el Palacio de Justicia de Valledupar. Asimismo fue apelada por la defensa y tendrá que ser analizada nuevamente por otro juez de la ciudad.
La petición la había realizado el implicado a través su abogado, Nibaldo Cabello, bajo el argumento de que no existen los fines constitucionales para continuar privando de la libertad a su protegido. “La solicitud elevada es coherente a la normatividad procesal penal, a los aspectos jurídicos probatorios resaltados, a la circunstancia fáctica y de la mano de la jurisprudencia constitucional, además porque así lo reclama la justicia”, dijo el jurista al inicio de la diligencia.
Mientras, la Fiscalía delegada ante el Tribunal de Santander informó que sí existen pruebas que robustecen la posible responsabilidad del fiscal en las acciones de corrupción en las que aparentemente los implicados exigían sumas de dinero para favorecer a capturados o interesados en procesos penales que ellos manejaban.
A Cabello las autoridades lo capturaron el 16 de noviembre del año 2017 en Aguachica, junto con los fiscales Rodrigo Pérez, Luis Fernando Herrera; el asistente judicial, José Luis Fonseca, y los policías Alex Villamizar y Alexis Nieto, por aparentemente recibir dinero de civiles para favorecerlos en procesos judiciales o incluso, omitir su judicialización.